
La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, alertó sobre el rápido avance de la pesca ilegal en el Perú y advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas, esta actividad podría alcanzar el mismo nivel de complejidad y violencia que la minería ilegal.
En entrevista con RPP, Luna señaló que el impacto de esta práctica ilícita trasciende el ámbito económico. El Ministerio de la Producción (Produce) estima que las pérdidas ascienden a US$ 500 millones al año, pero también se afecta directamente la biodiversidad marina y se fomenta un “ecosistema ilegal” que incluye explotación de recursos, pesca con explosivos, construcción clandestina de embarcaciones y operaciones vinculadas al lavado de dinero.
“Este entorno ilegal alimenta la extorsión, el sicariato y la inseguridad que vivimos a diario”, afirmó. La dirigente comparó la situación actual de la pesca con el patrón que siguió la minería ilegal, en el que las actividades formales representan una fracción mínima frente al dominio de operaciones irregulares.
Falta de control y resistencia a la fiscalización

Uno de los principales problemas identificados por la SNP es la ausencia de trazabilidad y control en gran parte de la flota artesanal. Mientras que la pesca industrial de anchoveta está sujeta a monitoreo satelital y trazabilidad continua, gran parte del sector artesanal opera fuera de los sistemas de fiscalización.
Según datos de Produce, de un universo de aproximadamente 18,000 embarcaciones artesanales, alrededor de 14,000 no cuentan con control satelital. Esto significa que la mayoría de las naves que faenan en el litoral peruano no reportan su ubicación, el tipo de recurso que capturan ni la zona de pesca.
El Ministerio de la Producción ha intentado implementar dispositivos de monitoreo para el sector artesanal, pero enfrenta una fuerte resistencia. Luna subrayó que esta oposición se debe a que las operaciones ilegales buscan permanecer invisibles para evitar sanciones y continuar extrayendo recursos de forma indiscriminada.
Zonas críticas y necesidad de operativos conjuntos
La pesca ilegal se concentra principalmente en áreas como Ica, Chimbote, Paita y Piura, regiones con una alta actividad pesquera y puntos estratégicos para el comercio y transporte marítimo.

Para enfrentar el problema, la presidenta de la SNP propone una estrategia integral que involucre al Ministerio de la Producción, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. “Las mafias no se desarticulan con acciones aisladas. Se requiere un trabajo coordinado, con operativos sostenidos y un marco legal que permita sanciones efectivas”, puntualizó.
La SNP ha presentado propuestas ante el Congreso y mantiene reuniones con Produce para establecer una hoja de ruta que frene el crecimiento de esta economía ilícita. El objetivo es proteger los recursos marinos y garantizar condiciones de competencia justa para el sector formal.
Impacto del sector formal en la economía peruana
Las advertencias sobre la pesca ilegal contrastan con el desempeño del sector formal, que ha logrado resultados positivos incluso en condiciones ambientales adversas.
En la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte de este año, se capturaron 2.47 millones de toneladas, equivalente al 82% de la cuota asignada. Este rendimiento es relevante no solo para el crecimiento del sector, sino también para la economía nacional.
Actualmente, la pesca aporta el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, genera alrededor de 250,000 empleos formales y dinamiza unas 3,500 micro y pequeñas empresas (mypes) que dependen de la cadena productiva. Además, el país se mantiene como el principal exportador mundial de harina y aceite de pescado, con ventas anuales que rondan los US$ 3,000 millones.
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