Una menor de 13 años, víctima de violación y obligada a llevar a término el embarazo, falleció el último viernes en el distrito de Panao (Huánuco) por complicaciones posteriores al parto, sin que recibiera asistencia médica.
Según un despacho de Latina Noticias, la fiscal Frida Esteban Rivera, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Pachitea, dispuso el traslado de personal policial y de criminalística.
El equipo viajó más de cinco horas para llegar al lugar y realizar el levantamiento del cadáver en horas de la noche. Los agentes, junto al teniente gobernador y una doctora del centro de salud de Huarapatay, ingresaron a la vivienda con el permiso de la madre.
La congresista Ruth Luque, autora de una iniciativa legislativa para despenalizar el aborto en casos de violación, señaló que esta muerte “es el reflejo del abandono del Estado que sigue fallando a las niñas violentadas”.
“Una niña embarazada es una niña violada. El embarazo infantil es una forma de tortura, es el resultado de una cadena de omisiones: educación sexual, detección de casos de abuso, acceso a servicios de salud adecuados y oportunos. No olvidemos a quienes han impulsado y se enorgullecen de debilitar el protocolo de aborto terapéutico”, agregó en un mensaje publicado en X, antes Twitter.
La directora de incidencia de Promsex, Susana Chávez, indicó que se trata de “un crimen de omisión”, ya que el “embarazo era producto de una violación y tenía derecho al aborto terapéutico”, aunque el sistema de salud no actuó.
El derecho al aborto
Chávez recordó que la interrupción terapéutica del embarazo es legal en Perú desde 1924 y existe una Guía Técnica vigente desde 2014, actualizada por el Ministerio de Salud en 2017, que indica la posibilidad de aplicación del procedimiento hasta las 22 semanas.
También mencionó que, en este año, la guía del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) fue modificada, excluyendo situaciones como daño a la salud mental en niñas víctimas de abuso sexual y malformaciones fetales no viables, “por presiones políticas de Renovación Popular encabezadas por la congresista Milagros Aguayo y con complicidad del Ministerio de Salud”.
Agregó que el “impacto fatal de la omisión” provocó casos como el de la niña de 13 años fallecida en Junín en 2023 por complicaciones obstétricas, el caso de Camila (una niña indígena que quedó embarazada con 13 años tras ser violada por su padre) y las 1300 niñas menores de 14 años que llegan al parto. “Todas tenían derecho a un aborto terapéutico que se les negó”, subrayó.
La organización feminista Flora Tristán expuso, por su parte, que miles de niñas y adolescentes en el país enfrentan embarazos forzados producto de la violencia. “La falta de prevención de este crimen y las barreras para el acceso al aborto terapéutico impacta directamente en la vida de las más vulnerables”, señala su pronunciamiento.
Subrayó la urgencia de “políticas diferenciadas para la prevención y la atención de víctimas de violencia sexual, sanción a los agresores y remover los obstáculos para acceder al aborto terapéutico en el Perú”.
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