
Una nueva disputa diplomática agita las aguas del Amazonas: la Isla Santa Rosa, emergida tras 1929 y ubicada frente a Leticia en el triángulo fronterizo entre Colombia, Perú y Brasil, se ha convertido en el epicentro de una controversia por soberanía.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió el conflicto al acusar a Perú de “copar un territorio que es de Colombia” y violar el Protocolo de Río de Janeiro (1934), que fija la frontera amazónica colombiana-peruana siguiendo el cauce más profundo del río —el thalweg. Afirmó que la creación legal del distrito peruano en Santa Rosa implicaría una apropiación injustificada que podría afectar el comercio fluvial de Leticia.
Sin embargo, la Cancillería colombiana ofrece un matiz distinto. En su comunicado aclaró que la isla no figura entre aquellas asignadas en 1929 y que, en consecuencia, no pertenece formalmente a ninguno de los dos países. Propuso reactivar la Comisión Mixta Permanente (COMPERIF) para proceder a una asignación bilateral acordada.
Desde Lima, el gobierno de Dina Boluarte respondió oficialmente que Santa Rosa forma parte de la isla Chinería, asignada al Perú en 1929, y que desde entonces ejerce legítima soberanía sobre el territorio.
Rechaza categóricamente las acusaciones como carentes de fundamento y ratifica que actúa conforme a los tratados vigentes, resaltando también el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro y el tratado de 1922.
Expertos explican que Santa Rosa emergió alrededor de 1965 por cambios naturales en el río, y que solo cuando formó parte visible del paisaje comenzó a disputarse su estatus.
Ese fenómeno geográfico no estaba contemplado en los acuerdos originales, por lo que Colombia reclama que el trazado actual del río debería ser referencia para definir soberanía.
El intercambio ha tensionado relaciones diplomáticas ya frágiles desde 2022. Con declaraciones cruzadas, notas de protesta y mensajes de alerta en redes, ambos gobiernos enfrentan ahora el desafío de llevar el reclamo a un terreno técnico: la negociación mediante la vía bilateral institucional, para determinar finalmente el destino de la isla emergente.

Pronunciamiento de la ANGR
En medio de esta nueva polémica, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) del Perú se sumó al debate, reafirmando la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa. En un pronunciamiento oficial, la ANGR respaldó al pueblo de Loreto y su histórica defensa de la integridad territorial en la frontera amazónica.
La entidad —integrada por los gobernadores regionales del país— recordó que los límites entre Perú y Colombia están claramente definidos en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, acuerdos reconocidos por ambas naciones. Según la ANGR, Santa Rosa se encuentra dentro del territorio peruano conforme a estos tratados.
Asimismo, hicieron un llamado al gobierno colombiano para que conduzca sus inquietudes a través de los canales diplomáticos establecidos, evitando declaraciones que puedan “afectar las históricas relaciones de cooperación y respeto” entre ambos países.
La ANGR cerró su pronunciamiento convocando a la unidad nacional y a la protección de las fronteras. El mensaje fue firmado por gobernadores de todo el país, incluido Koki Noriega, presidente de la ANGR, y Gilmer Horna, gobernador de la región Amazonas, en cuya jurisdicción se encuentra la isla.
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