El Ministerio Público, a través de la Autoridad Nacional de Control (ANC), abrió un proceso disciplinario y suspendió preventivamente a un fiscal provincial en Sullana, Piura, tras la revelación de un caso que involucra el presunto reemplazo de lingotes de oro por barras de cobre durante el desarrollo de un proceso judicial.
La medida, que incluye la inhabilitación temporal de seis meses para ejercer sus funciones contra el fiscal provincial F. H. Q., se produce mientras siguen las investigaciones sobre la cadena de custodia y la responsabilidad de funcionarios de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana.
Todo comenzó en enero de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú incautaron cuatro lingotes de oro valorados en casi 2,3 millones de soles durante un operativo de control vehicular en la carretera Sullana–Puente Internacional, cerca de la frontera con Ecuador. Las barras, que en conjunto sumaban cerca de 12 kilos, estaban ocultas en una sábana dentro de una camioneta con lunas polarizadas.
Los ocupantes del vehículo, Jaime Guerrero y Edwin Romero, fueron detenidos y enfrentan cargos por presunto lavado de activos, ya que se sospecha que el oro tenía un origen ilícito. Durante la detención, trascendió que los intervenidos habrían intentado sobornar a los agentes con medio millón de soles, aunque la policía no confirmó oficialmente los detalles de esa tentativa. Tras la diligencia, los lingotes fueron consignados a través de un representante del Ministerio Público y llevados a una sede de la División de Investigación Criminal (Divincri), para posteriormente ser internados en una bóveda del Banco de la Nación.
El caso se tornó escandaloso cuando un peritaje realizado por la fiscalía reveló que los lingotes de oro habían sido sustituidos por barras de cobre durante la cadena de custodia. El jefe de la Región Policial de Piura, general Manuel Farías, subrayó la gravedad del hecho y la incertidumbre sobre el momento y lugar exacto en el que se produjo el cambio. Señaló que el oro pudo haber sido intercambiado durante cualquiera de las etapas: la intervención policial, el traslado a la Depincri, la gestión en la fiscalía o incluso durante su ingreso al Banco de la Nación.
La ANC del Ministerio Público coincidió en que, de confirmarse la participación de funcionarios públicos, se estaría ante una grave inconducta funcional. Por esa razón, además de abrir proceso disciplinario contra dos fiscales, la institución resolvió apartar provisionalmente de sus funciones al fiscal provincial implicado durante medio año, hasta esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
La situación empeoró con la difusión de informaciones sobre la rotación sorpresiva de los agentes de la Unidad de Carreteras de Las Lomas involucrados en la incautación y la posterior liberación de los detenidos. Según las autoridades, los acusados carecían de arraigo, lo que vuelve cuestionable la decisión de permitir su salida mientras avanzaba la investigación.
El cambio del oro se evidenció, además, al observar discrepancias en las inscripciones y números consignados en los lingotes originalmente lacrados y los que posteriormente se revisaron en las bóvedas del banco. Tanto la PNP como la fiscalía han señalado la necesidad de una investigación amplia y transparente, implicando también al Banco de la Nación por recibir el material lacrado sin un peritaje previo detallado.
El Banco de la Nación manifestó que el oro fue recibido bajo condiciones de sellado y siguiendo los protocolos establecidos, remitiendo la responsabilidad de un primer peritaje a las entidades remitentes. Por su parte, la policía y la fiscalía continúan cruzando información y revisando documentos para determinar la ruta del oro y en qué punto específico se violó la cadena de custodia.
Las autoridades han reconocido que el caso revela falencias sistémicas en el manejo de bienes incautados y expone debilidades en los controles internos de varias instituciones estatales. El general Farías enfatizó que este tipo de casos debe investigarse “caiga quien caiga”, para no minar la confianza pública y la seriedad de los operativos conjuntos entre policía, Ministerio Público y entidades bancarias.
Mientras tanto, el proceso disciplinario contra los fiscales sigue su curso y la Fiscalía Anticorrupción podría asumir en las próximas semanas una investigación penal contra todos los posibles implicados por delito funcionario, peculado o encubrimiento.
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