El conglomerado español ACS, encabezado por Florentino Pérez, ha conseguido que la justicia de Luxemburgo apruebe el embargo de bienes de la República del Perú por un monto superior a USD 315 millones, según pudo conocer el medio Economía Digital. La medida responde a la falta de pago de parte del laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que resolvió parcialmente a favor de la concesionaria del Metro de Lima, liderada por ACS, en un litigio iniciado hace más de ocho años.
El procedimiento, iniciado el 14 de febrero de 2025, se sustenta en la legislación luxemburguesa, una de las más favorables en Europa para la ejecución de laudos internacionales. En este país, la presentación del fallo del CIADI basta para comenzar la incautación de activos estatales. Las medidas podrían alcanzar cuentas bancarias, inversiones, participaciones en empresas o bienes inmuebles vinculados al Estado peruano, aunque los detalles exactos permanecen bajo reserva. Cabe precisar, este caso es por la Línea 2 del Metro de Lima.
El origen del conflicto
La controversia se remonta a enero de 2017, cuando la concesionaria del Metro de Lima, con participación mayoritaria de ACS, presentó una demanda arbitral contra el Estado peruano ante el CIADI. Entre sus reclamos figuraban retrasos en la entrega de terrenos, incumplimientos en la aprobación de estudios técnicos y otras fallas contractuales que, según la empresa, provocaron sobrecostos y demoras significativas en la obra. Ambas partes presentaron reclamaciones cruzadas por más de USD 700 millones.
El 21 de marzo de 2024, el CIADI emitió un fallo parcial favorable a la concesionaria, que fue ajustado el 30 de octubre del mismo año tras la corrección de errores materiales solicitada por ACS. La decisión final fijó la indemnización en aproximadamente USD 456 millones, más intereses simples calculados al tipo LIBOR +2% desde la fecha del laudo hasta que se realice el pago íntegro.
Pagos incompletos y montos en disputa
Pese a la resolución, el Gobierno peruano solo ha abonado USD 106 millones, correspondientes a daños financieros y una parte de las costas procesales. Otros USD 56 millones quedaron suspendidos por orden del tribunal arbitral, luego de que Perú solicitara la revisión parcial del laudo en junio de 2024.
El resto del monto permanece impago, lo que habilitó a la concesionaria a ejecutar el laudo de forma parcial, conforme a la normativa internacional. En este contexto, ACS optó por acudir a Luxemburgo para garantizar la recuperación de lo adeudado.
Estrategia legal de Perú
Frente a la ejecución iniciada por ACS, el Estado peruano presentó el 26 de febrero de 2025 una solicitud de anulación parcial del laudo. Este pedido se centra en los denominados “Daños Bajo Protesto”, los daños de construcción y los intereses y costas asociados. Paralelamente, Perú solicitó suspender por completo la ejecución, un requerimiento que será evaluado por una comisión ad hoc del CIADI, con una decisión prevista para el 15 de octubre de 2025.
No obstante, el proceso de anulación podría prolongarse hasta finales de 2026, lo que deja abierta la posibilidad de que la concesionaria continúe con embargos mientras se resuelve la controversia.
Implicancias para ACS y para América Latina
Este arbitraje figura entre los más significativos para ACS en la última década y refleja los riesgos inherentes a los proyectos de infraestructura en América Latina. En la región, las constructoras europeas suelen enfrentar conflictos con los Estados por retrasos, modificaciones contractuales o sobrecostos.
Florentino Pérez ha defendido públicamente la vía arbitral como mecanismo para salvaguardar inversiones y garantizar el cumplimiento de contratos en el extranjero. La decisión de impulsar un embargo en Luxemburgo no solo busca recuperar la suma pendiente, sino que también marca un precedente para futuras disputas bajo el amparo de tratados de inversión.
El enfrentamiento legal entre ACS y el Estado peruano está lejos de concluir. Con más de USD 300 millones en juego y procesos abiertos en distintas instancias, el caso se perfila para continuar durante los próximos años. El desenlace dependerá de las resoluciones que adopte el CIADI y de la capacidad de ambas partes para llegar a un eventual acuerdo que evite un conflicto prolongado y costoso.
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