La defensa del bosque le costó la vida. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Madre de Dios inició una investigación preliminar por homicidio calificado tras el asesinato de Hipólito Quispehuamán Conde, defensor ambiental y dirigente de la Reserva Nacional Tambopata, ocurrido el sábado 26 de julio en la carretera Interoceánica.
El crimen se produjo en el kilómetro 285 de la carretera Interoceánica, sector Santa Rosa, distrito de Inambari. Quispehuamán, padre de tres hijos, retornaba en un vehículo de carga tipo “carguero” desde la feria sabatina de Mazuko, donde comercializaba productos agrícolas, cuando fue interceptado por presuntos sicarios.
La fiscal provincial Karina Torres Godoy, quien asumió el caso, confirmó que la hipótesis preliminar apunta a una represalia por su trabajo como defensor del medio ambiente. “Hemos realizado el levantamiento del cadáver y recogido muestras de interés criminalístico. La investigación la asumirá nuestra fiscalía por tratarse del asesinato de un defensor más en Madre de Dios”, declaró.
Un defensor reconocido
Hipólito Quispehuamán era fundador de la Asociación de Agricultores Nueva Esperanza y participaba activamente en el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Su labor se centraba en la agricultura sostenible y en la preservación de la biodiversidad de la Amazonía, una región golpeada por la minería ilegal y la deforestación.
Compañeros de la feria agropecuaria de Mazuko denunciaron públicamente que su cuerpo estuvo abandonado por más de 12 horas antes de ser atendido por las autoridades.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió justicia y acciones urgentes para proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos en el país. “¡No más muertes! ¡Basta de asesinatos!”, señaló la organización en su pronunciamiento.
Un patrón alarmante
El asesinato de Quispehuamán no es un hecho aislado. Entre 2019 y 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró al menos 29 situaciones de riesgo para personas defensoras del ambiente solo en Madre de Dios. La mayoría de los casos se concentran en la zona de Tambopata, donde convergen intereses vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada.
Otro informe reciente revela también que en la Amazonía peruana hay 226 defensores y defensoras indígenas bajo amenaza. Pueblos como los Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún enfrentan asesinatos, desapariciones, hostigamientos y criminalización por defender sus territorios. El pueblo Kakataibo registra algunas de las tasas más altas de violencia, especialmente en zonas donde se expande el narcotráfico.
Emergencia prolongada
Frente a este contexto de violencia, el Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en seis distritos de Madre de Dios, medida que fue oficializada mediante el Decreto Supremo 094-2025-PCM. La norma busca reforzar el control del orden interno ante delitos relacionados con la minería ilegal, tala y tráfico de insumos químicos, así como la trata de personas.
La medida rige desde el 25 de julio e incluye a Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe. La Policía Nacional mantendrá el control con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Sin protección suficiente
Cabe señalar que Madre de Dios es una de las regiones más golpeadas por la criminalidad ambiental. Según el Ministerio del Ambiente, entre 2021 y 2023 se perdieron más de 25,000 hectáreas de bosque por minería ilegal. A esto se suma la contaminación de ríos con mercurio y la pérdida acelerada de biodiversidad.
Aunque existen mecanismos estatales de protección, organizaciones de derechos humanos han advertido que estos resultan insuficientes y que la mayoría de asesinatos de defensores siguen en la impunidad. El caso de Quispehuamán vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de proteger a quienes arriesgan su vida por proteger sus territorios ancestrales.
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