Una operación de gran escala se desarrolló durante siete días en la cuenca del Alto Nanay, región Loreto, donde las autoridades lograron neutralizar uno de los centros más importantes de minería ilegal en la Amazonía peruana. El campamento, conocido como ‘Pastuzo’, era considerado el punto neurálgico de operaciones y financiamiento de dragas que devastaban los ríos y bosques amazónicos.
El operativo, liderado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, movilizó a varias instituciones del Estado y contó con tecnología avanzada para identificar la zona. Según la información oficial, la intervención se realizó entre el 8 y el 14 de julio en sectores estratégicos como Albarenga, San Juan de Ungurahual, Wiracocha, Santiago de Raya, Diamante Azul y áreas aledañas.
Cómo se ejecutó el golpe contra la minería ilegal en la Amazonía
La operación incluyó reconocimiento aéreo e imágenes satelitales, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea del Perú y las organizaciones Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation Association (ACA). Esto permitió localizar el campamento principal y seis centros logísticos adicionales, además de un punto de reabastecimiento de combustible.
Durante el megaoperativo, se incautaron e inutilizaron 13 balsas tipo draga que estaban en plena operación, así como 3 balsas semihundidas y 4 tipo traca, utilizadas para extraer ilegalmente oro de los ríos. Las autoridades también decomisaron 6 motores de gran potencia, accesorios de succión, 20 bombonas y rotores, además de 800 galones de petróleo y 120 galones de gasolina que alimentaban las máquinas.
El despliegue involucró a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina (Dicapi), la Policía Nacional a través de su Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), Sunat–Aduanas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La coordinación interinstitucional fue clave para asegurar la destrucción de las estructuras y la neutralización del campamento ‘Pastuzo’, que se había convertido en el epicentro del comercio ilícito en esta cuenca amazónica.
Las autoridades advierten que la minería ilegal no solo genera deforestación y contaminación con mercurio, sino que también implica graves riesgos para las comunidades indígenas y ribereñas del Alto Nanay.
Minería ilegal en Perú: un negocio que mueve miles de millones
En un preocupante informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reveló que la minería ilegal en Perú movió más de US$ 2.248 millones entre 2022 y 2025, representando cerca del 80% de los flujos financieros sospechosos relacionados con actividades ilícitas. El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, indicó que estos números probablemente subestiman la magnitud del problema, ya que solo incluyen operaciones vinculadas al oro, mientras que minerales como el cobre podrían aumentar significativamente la cifra.
La minería ilegal en Perú no es un fenómeno reciente. Según un informe previo de la UIF, entre 2012 y 2022 se detectaron más de 3.900 operaciones sospechosas por un total de US$ 18.478 millones, lo que muestra la presencia de una economía paralela que sigue operando con altos niveles de impunidad. Este tipo de actividad no solo afecta al sector económico formal, sino también al medio ambiente y a la seguridad pública, ya que está estrechamente vinculada a redes criminales que operan con total libertad en varias regiones del país.
Frente a esta situación, los expertos en minería han resaltado la urgencia de una reforma legal que permita identificar y diferenciar a los pequeños mineros que cumplen con la ley de aquellos que operan en total ilegalidad. Esta reforma podría incluir medidas como la exigencia de concesiones mineras formales, el respeto a planes de manejo ambiental y el cumplimiento de las normas laborales, con el objetivo de frenar la expansión de la minería ilegal y su impacto negativo en el país. Además, se prevé que la minería ilegal podría extenderse a nuevas áreas, como las regiones cupríferas, dadas las altas demandas globales de cobre.
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