El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte inició este jueves una investigación contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras la liberación de Jhon Cruz Arce, identificado por la Policía Nacional (PNP) como cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’.
El interno salió del penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, tras una disposición que obligó a las autoridades penitenciarias a emitir una nueva resolución administrativa sobre su solicitud de redención de pena.
El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, confirmó que el Ejecutivo ha tomado conocimiento del tema. “De inmediato, hemos dispuesto al ministro de Justicia que disponga una medida de investigación. Él ya se encuentra con su equipo indagando en el propio INPE y se le ha solicitado un informe”, señaló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, garantizó que el Ejecutivo actuará con firmeza si se detectan irregularidades. “Le puedo asegurar que si existe un acto irregular o de corrupción, esta medida será inmediata para sancionar hasta las últimas consecuencias y disponer las medidas correctivas internas”, añadió.
A través de un comunicado, la Sala Penal de Apelaciones de Tacna aclaró previamente que no ordenó su excarcelación directa, sino que instruyó a la autoridad penitenciaria a emitir una nueva resolución conforme al marco legal vigente en el momento en que su condena quedó firme.
“La Sala Penal de Apelaciones no ordenó la excarcelación (...) en tanto que la redención de la pena implica una excarcelación anticipada a la judicialmente impuesta bajo un procedimiento administrativo penitenciario de carácter documental valorativo cuya resolución le concierne exclusivamente a la entidad penitenciaria”, precisó el tribunal.
También aclaró que desconoce el cómputo final de la pena redimida elaborado por el INPE y enfatizó que la decisión judicial solo anuló el rechazo anterior a la redención y no sustituyó la función del ente penitenciario.
“El hecho de que el juzgador constitucional declare su nulidad a través de un proceso de habeas corpus no sustituye a la autoridad penitenciaria en la valoración y resolución del caso administrativo penitenciario, sino únicamente se dispone que la autoridad pertinente emita una nueva resolución administrativa respetuosa de los derechos constitucionales y acorde a lo determinado en la sentencia constitucional”, explicó.
La defensa de Cruz Arce argumentó que su cliente tenía derecho al beneficio del 2x1, es decir, un día de redención por cada dos días de trabajo o estudio, conforme al artículo 44 del Código de Ejecución Penal vigente en 2008, año en que su condena de 25 años quedó firme. El INPE había aplicado la norma del 1x6, en vigor desde 2016, lo que motivó una acción de habeas corpus.
Cruz Arce abandonó el penal de Challapalca el 15 de julio, luego de permanecer 17 años en prisión.
Reforma
En abril pasado, el expremier Gustavo Adrianzén anunció una reforma del INPE y la renuncia de su entonces titular, Javier Llaque, en medio de una crisis en el sistema penitenciario y la reciente fuga de un interno del penal de Lurigancho.
“Ha presentado su renuncia, la cual será aceptada y se designará a un nuevo titular. Entendemos que hay responsabilidad funcional y, por supuesto, la renuncia es la medida más inmediata para solucionar este problema”, declaró.
En ese momento, el reo John Kennedy Javier Sebastián había escapado del penal, luego de burlar los controles de seguridad y trepar el muro perimétrico.
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