Durante una audiencia judicial realizada este lunes, el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) protagonizó un tenso momento al dirigirse a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema con fuertes críticas hacia el sistema de justicia, el Ministerio Público y algunos de sus exaliados políticos, a quienes calificó como “cadáveres”.
“Señores jueces supremos, una vez más está demostrado que la Fiscalía no ha podido demostrar el delito de rebelión en esta causa. Siendo así, ha pasado una etapa de control e investigación y me tienen injustamente preso más de dos años y medio”, afirmó desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva.
El exmandatario, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, cuestionó también al juez supremo César San Martín, quien ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado.
“Cuando se hace la apelación en esta detención preventiva, el juez César San Martín ratifica lo que decía la Fiscalía, forzando el delito penal, sino diciendo que para el delito de rebelión no bastan las armas, hay que ver por el otro lado y forzar que hubo una conmoción social, una violencia psíquica, y por eso debe estar en Barbadillo. Esa es la justicia en el país”, dijo.

Durante su intervención, la magistrada a cargo de la audiencia le llamó la atención al menos en cuatro ocasiones y le recordó que su participación tenía como único propósito acreditar aspectos formales del proceso. Sin embargo, Castillo insistió con una crítica más amplia sobre su encarcelamiento.
“Se ha visto el tema de la provisionalidad. Por buen tiempo, la provisionalidad es sinónimo de injusticia. Ustedes deben marcar una línea en este juicio. No se sientan incómodas cuando les dicen jueces supremos provisionales”, continuó.
A lo largo de su declaración, Castillo también hizo referencia a su identidad personal y social. “No me siento incómodo cuando me dicen maestro rural, campesino. Soy indígena, soy maestro y, a mucha honra, soy rondero. Y por llevar la voz a Palacio de la gente de abajo, he chocado con los grandes intereses de este país”, señaló.
Posteriormente, se dirigió a antiguos aliados como la presidenta Dina Boluarte y al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón: “A esto se suman algunos cadáveres políticos que dicen ‘somos la izquierda popular’. Lo han demostrado: son la izquierda de Fuerza Popular. No pido disculpas. Los que agreden a un presidente elegido por el pueblo le deben pedir perdón al pueblo. He concluido”, zanjó.

Pedido
La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, a quien acusa de rebelión el 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó cerrar el Congreso y el sistema judicial, además de anunciar la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
En marzo pasado, el juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el este de Lima, en el que el exmandatario está recluido que anunció el fallido intento de golpe.
Junto al exgobernante son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales la fiscalía pide penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.
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