En medio de la tensión generada por las protestas mineras, la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a los trabajadores del sector para que abandonen la informalidad y se sumen al proceso de formalización. Durante su intervención, también se refirió al contexto de conflictividad social y advirtió que la violencia, el odio y el negacionismo solo debilitan el sistema democrático.
“Hemos aprendido que de la violencia no se gana nada. Que en el odio y en el rencor o en la palabra negacionista no se gana nada. La misma palabra lo dice: negación de la negatividad. Nada positivo podemos lograr”, señaló.

En otro momento, la jefa de Estado se dirigió directamente a los mineros que se manifiestan en distintas regiones del país exigiendo la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) y una nueva prórroga para continuar con el proceso de formalización.
“Ahora están en la calle los mineros ilegales. Solo ellos. Y a ellos, hermanos peruanos, hermanas peruanas que se mantienen en ese extracto de la ilegalidad minera. A ustedes los llamo a que trabajemos unidos, pero para formalizar a la minería legal”, agregó.
La mandataria recordó que una minería legal y formalizada no solo es posible, sino que representa una actividad rentable para el país. En cambio, subrayó que los recursos extraídos mediante concesiones informales e ilegales no generan beneficios para el Estado.
“Son millones y millones y millones de divisas que pierde el Perú. Trabajemos unidos, juntos, caminemos a la formalización”, puntualizó.

¿Por qué protestas los mineros?
La nueva ola de protestas mineras tiene como punto de partida la decisión del Gobierno de anular los registros del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) que superan los cuatro años de antigüedad. La medida, que busca limitar la expansión de la minería informal, ha encendido la respuesta del sector y desatado un paro indefinido con bloqueos en al menos siete corredores viales estratégicos, especialmente en regiones como La Libertad, Cusco, Arequipa e Ica.
Las organizaciones que agrupan a los pequeños productores exigen una prórroga al proceso de formalización y la promulgación de una ley que atienda de manera específica las condiciones de la minería artesanal y de pequeña escala. Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), aseguró que esta lucha ya no se limita a la defensa del trabajo, sino que busca garantizar derechos fundamentales. El dirigente también anticipó la llegada de nuevas delegaciones mineras a Lima para presionar al Parlamento.
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido tajante: no se dará marcha atrás. La anulación de los registros es, según argumentan, una acción necesaria para contener el avance de la informalidad en el sector extractivo. No obstante, en el Congreso algunos legisladores han mostrado disposición para debatir salidas legislativas, mientras que el sector empresarial plantea la necesidad de una solución estructural que respete el marco normativo sin comprometer otras actividades económicas.
El conflicto se agudiza sin una salida clara y ya comienza a dejar serias consecuencias. Los bloqueos han golpeado con fuerza sectores clave como el comercio, el transporte y, en particular, el turismo, aún en etapa de recuperación. Cada día de paralización representa pérdidas económicas y mayor incertidumbre para las familias que dependen del flujo de viajeros en el país.
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