Giulliana Loza cuestiona nuevo pedido de 35 años de cárcel contra Keiko Fujimori: “Siempre sucede esto en época preelectoral”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, calificó de irregular y carente de fundamento jurídico el nuevo requerimiento del Ministerio Público. En la víspera, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos, organización criminal y otros delitos vinculados al Caso Cócteles.

La letrada aseguró que no han sido notificadas formalmente sobre la acusación, y que solo tomó conocimiento a través de medios de comunicación, por lo que no tienen conocimiento en sí de los argumentos que estaría fundamentando su decisión.

“Nuestra preocupación también va de la mano de que una vez más la Fiscalía está quebrando el procedimiento establecido y con ello los derechos fundamentales que le asisten, entre otros, a mi patrocinada”, subrayó en diálogo con Exitosa. Agregó que el Ministerio Público habría presentado el requerimiento sin contar con el expediente judicial completo en su despacho, situación que, según la defensa, constituye una grave irregularidad en el trámite del caso.

“Nos preguntamos a razón de que la Fiscalía está emitiendo un nuevo requerimiento, si todavía, hasta donde tenemos conocimiento, el expediente judicial aún no obra en su despacho”, sostuvo.

Señaló que no es la primera vez que la Fiscalía insiste con nuevas imputaciones en contextos preelectorales. Recordó que en marzo de 2021 se enfrentaron a un escenario similar, cuando una acusación fue presentada en medio de una campaña presidencial.

“Hoy en día también, ad portas de un año previo a campaña electoral, llama poderosamente la atención, como siempre, que la Fiscalía tenga una injerencia, un protagonismo en las campañas electorales de nuestro país, y sin duda alguna también una rapidez y velocidad que a comparación de otros casos no lo tiene”, afirmó.

En cuanto a la acusación misma, Loza reiteró que el Ministerio Público atribuye a Keiko Fujimori el delito de lavado de activos por hechos que, según la abogada, no constituían delito bajo la normativa peruana vigente en el momento que ocurrieron.

“Se le está acusando por un delito que al momento de los hechos no existía, entre otras tantas variables que sin duda vamos a ahondar una vez que tengamos conocimiento formal a través del Poder Judicial”, indicó y recalcó que, de acuerdo con la propia imputación fiscal, los hechos descritos solo “constituyen un acto lesivo administrativo de carácter electoral, pero no es lavado de activos”.

En otra línea de acción, la defensa ya ha solicitado oficialmente la exclusión del fiscal José Domingo Pérez del caso. Loza argumenta que el representante del Ministerio Público perdió objetividad y vulneró el principio de imparcialidad con su participación. Mencionó que si se comprueba que el fiscal agregó nuevos cargos y hechos en su última acusación, estaría quebrando también el debido proceso, y que tales irregularidades podrían motivar una intervención del Tribunal Constitucional.

Con todo, la defensa anticipó que se opondrá formalmente al nuevo requerimiento cuando sean notificados, como hicieron en procesos similares anteriores. Para Loza, este pedido carece de sustento jurídico y responde a motivos más políticos que legales.