La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que propone la inhabilitación por 10 años de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez por el golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022.
De acuerdo con el informe final elaborado por el congresista Jorge Montoya, Chávez participó activamente en la ejecución del mensaje a la Nación de Castillo, así como en los actos posteriores para que las medidas golpistas se oficialicen vía decreto supremo.
El informe se sustenta en pruebas aportadas por la Fiscalía, como el video sin editar del último mensaje del exmandatario, declaraciones de testigos que estuvieron presentes en Palacio del Gobierno el 7 de diciembre de 2022, entre otros.
Se dejó constancia que, pese a haber sido válidamente notificada, la exjefa del gabinete de Pedro Castillo, que cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, no formuló descargos ante la denuncia constitucional.
Votaron a favor de que se siga el trámite para la eventual inhabilitación por 10 años de la expremier Betssy Chávez los parlamentarios Jorge Montoya, Nilza Chacón, Víctor Flórez, Martha Moyano, Héctor Ventura, Nelcy Lidia Heidinger, Patricia Chirinos, Digna Calle, Flavio Cruz, Milagros Jauregui, Esdras Medina y María Acuña.
En tanto, votaron en contra los legisladores Jorge Coayla, Pasión Dávila, y Edgard Reymundo, mientras que Segundo Quiroz y Francis Paredes Castro se abstuvieron.
Ahora, el informe final que propone inhabilitar a Betssy Chávez pasará a la Comisión Permanente. En caso de que sea ratificado en dicha instancia, el documento pasa al Pleno del Congreso. Ahí se determinará si procede o no la imposición de la sanción contra la expremier.
Revés para Pedro Castillo
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ha rechazado de manera contundente dos recursos de amparo presentados por el expresidente Pedro Castillo, quien buscaba anular su vacancia y ser restituido como jefe de Estado. Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia sobre los intentos legales del exmandatario, encarcelado tras su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
Pedro Castillo alegaba que el Congreso vulneró el debido proceso al destituirlo, argumentando que la moción de vacancia aprobada fue distinta a la programada para debate y que no se cumplieron los requisitos legales para su admisión.
Sin embargo, la Corte Suprema respaldó la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que previamente estableció que, en el contexto del intento de Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de facto, no era exigible seguir el procedimiento ordinario de vacancia. Según el TC, este proceso está diseñado “para una situación de normalidad constitucional, en la cual los altos funcionarios se encuentran investidos de privilegios e inmunidades temporales para garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones.”
Por ello, los jueces supremos consideraron que las demandas de Pedro Castillo pretenden, en esencia, que el Estado no hubiera tomado medidas para frenar su golpe de Estado, un razonamiento que calificaron de “inaceptable”.
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