El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo presentada por la comunicada franciscana, representada por la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Cultura. La razón había sido la demolición del muro perimétrico que rodeaba la Plazuela de San Francisco, uno de los lugares más visitados y conocidos del Centro Histórico de Lima.
La estructura, edificada en 1989, fue demolida por la propia comuna limeña como parte de un proyecto de renovación urbana. Según el TC, el cerco se encontraba dentro de un área de propiedad pública y su derribo fue ejecutado conforme a un plan de mejora del entorno, que busca transformar la plazuela en un espacio más accesible para residentes, visitantes y fieles.
En su resolución, el Exp. 00100-2025-PA/TC, el Tribunal determinó que el cerco no cuenta con protección legal como patrimonio cultural y que, incluso, su demolición recibió el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), organización que vela por la conservación del Centro Histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad desde 1991.
El muro no tenía valor patrimonial reconocido
El fallo del TC especifica que no existe registro nacional ni internacional que acredite que el muro en cuestión haya sido declarado patrimonio cultural. Esta afirmación fue clave para la decisión, ya que la demanda interpuesta por la comunidad franciscana se sustentaba, en parte, en una supuesta afectación a un bien de valor histórico.
La demanda de amparo también alegaba una presunta vulneración del derecho a la libertad religiosa, argumentando que la demolición del muro afectaba el ejercicio de cultos y actividades vinculadas al templo San Francisco. No obstante, el TC concluyó que la parte demandante no presentó pruebas que acreditaran que la intervención haya generado impedimentos concretos para el acceso o la realización de actos religiosos.
El conflicto data de años atrás
La Plazuela de San Francisco, ubicada en el Centro de Lima y vinculada al Convento e Iglesia de San Francisco, permanece cerrada desde febrero de 2022 tras la demolición del cerco perimétrico de 145 metros por parte de la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de un plan de peatonalización. La acción se realizó de madrugada, lo que provocó la protesta inmediata de la comunidad franciscana que no fue previamente notificada, y derivó en una tensión entre vecinos, frailes y el personal municipal.
El segundo punto de conflicto surgió cuando un camión de obra rompió el suelo de la plazuela, dejando expuestas bóvedas que conectan con catacumbas históricas, lo que encendió alertas en la comunidad sobre posibles daños irreparables al patrimonio debajo de la superficie. En respuesta, la Municipalidad anunció que sancionaría a la empresa responsable por transitar por zonas no autorizadas y aseguró que no hubo afectación a las catacumbas.
Ante las denuncias de posibles daños al patrimonio, el Poder Judicial emitió una medida cautelar en agosto de 2022 ordenando la instalación de un cerco metálico provisional e indicó que la municipalidad debía contar con un estudio de impacto patrimonial y un plan de monitoreo arqueológico antes de continuar con cualquier obra. Esta medida buscaba proteger los elementos históricos mientras se resolvía la controversia legal.
En diciembre de 2023, la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de los franciscanos, argumentando que no se acreditó daño al patrimonio suficiente para justificar la conservación del cerco. Pese a ello, los frailes anunciaron su intención de apelar al Tribunal Constitucional y, eventualmente, a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde febrero de 2022, las obras se encuentran paralizadas y el espacio presenta un estado descuidado, con rejas provisionales y estructuras interrumpidas que afectan tanto al templo como al entorno público. En medio de este escenario, la comunidad franciscana exige la realización de estudios técnicos patrimoniales previos y una intervención consultada, mientras la Municipalidad busca continuar con el proyecto de recuperación urbana sin impedir la libre circulación en uno de los puntos más simbólicos de la ciudad
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