
Durante la audiencia de prisión preventiva contra Marín Vizcarra, la defensa legal del exmandatario presentó dos contratos a fin de justificar su arraigo laboral. Sin embargo, no estuvieron exentos de críticas. Uno de ellos está vinculado con la empresa Urbaniza 3D SAC, cuyo principal accionariado y gestión vincula directamente a su entorno familiar, y el otro es como presunto asesor de Perú Primero, partido que fundó y con el que busca llegar a la Presidencia pese a sus inhabilitaciones.
Las autoridades del Ministerio Público informaron que la gerente general de la empresa que emitió el contrato al exjefe de Estado es su esposa, Maribel Díaz Cabello. Además, que fue legalizado el mismo día en el que se inició la audiencia. El documento lleva la firma de la representante legal de la compañía, identificada como Julia García Mendoza, quien es extrabajadora del estudio de su abogado.
“Esto ya parece una burla porque en el contrato de locación de Urbaniza aparece debidamente representada por la señora Julia Mónica García sin consignar a la gerente general de la empresa, quien es Maribel Díaz Cabello. ¿Quién es? La esposa del acusado. Lógicamente, tiene que darle un contrato por conveniencia, ya lo ha hecho anteriormente para que pueda viajar a Moquegua. Pero ahí no queda la cosa. La persona que aparece como representante, Julia Mónica García Mendoza, trabaja o ha trabajado para el estudio del abogado presente. ¿Puede tener seriedad, señor magistrado, un contrato donde las personas mismas están vinculadas al acusado?“, cuestionó el fiscal Germán Juárez Atoche, quien también criticó la fecha.
“El contrato tiene fecha de celebración el día 1 de abril del 2025, pero fue legalizado hace dos días. Entonces, ¿podemos decir que tiene fecha cierta? No. Si este contrato hubiera sido legalizado el mismo día que se celebró podría tener convicción, pero no fue así. Indica también que va a percibir por sus servicios la suma de S/ 30 mil trimestralmente, pero hasta ahora no se ha presentado ningún recibo de honorarios y el objeto del contrato es ambiguo, genérico", agregó.
Advirtió que no hay detalles específicos sobre el proyecto para el que fue requerido, pues solo se menciona que prestará sus servicios como ingeniero civil a fin de coadyuvar en la obtención del proyecto de habilitación urbana sin precisar lugar. Además, sobre el otro documento, indicó que no se condice con la realidad, ya que sale casi a diario indicando que actúa como candidato y no como asesor.
“¿Ha presentado algún documento adicional de que es asesor? Debo indicar que esta actitud ya la ha venido haciendo de manera constante en este proceso. Primero, se presentó como presidente del partido cuando se le pidió la comparecencia con restricciones, ante el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones se había pronunciado de que él no podía, se hizo nombrar presidente honorífico sacándole la vuelta a una resolución y ahora resulta que es asesor. Esa conducta es que hace evidenciar el aumento del riesgo del peligro procesal", sentenció.
En respuesta, el defensor de Vizcarra, durante la audiencia dirigida por el juez Víctor Alcocer, no negó que el vínculo de la empresa con la familia del expresidente. Durante las consultas del magistrado, visiblemente nervioso confirmó que la propia esposa de Vizcarra, Maribel Díaz, junto a dos de sus hijas, figura como accionista de Urbaniza SAC. Asimismo, indicó que no existen recibos porque todavía no culmina el presente mes y que deberá presentarse a inicios de julio.
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