“Esto ya es parte de la economía”: extorsión en Perú mueve más de S/4 mil millones y no se detiene, advierte exviceministro

Las declaraciones de emergencia impulsadas por el Ejecutivo no han logrado frenar el delito que más daño provoca a comerciantes, transportistas y ciudadanos de a pie: la extorsión. A diferencia de los robos comunes, este tipo de amenaza no requiere presencia física ni armas; se concreta desde celulares, penales y billeteras electrónicas. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director de CHS Alternativo, advirtió que este delito ha crecido hasta formar parte de la dinámica económica nacional.

En diálogo con Canal N, el especialista reveló que solo los préstamos ‘gota a gota’ están movilizando más de S/4 mil millones en el país, sin contar otras nueve modalidades de extorsión como el cobro de cupos, las amenazas desde penales o el secuestro extorsivo. A esto se suma la extorsión llamada “gubernamental”, en la que funcionarios o autoridades imponen pagos ilegales para facilitar trámites o contratos. “Esto ya es parte de la economía. Se ha instalado como un mecanismo paralelo de control y poder en diversos territorios”, señaló.

Extorsión sin calle ni pistolas

Valdés explicó que la extorsión no opera en las calles como otros delitos. En lugar de eso, el mecanismo se basa en mensajes de texto, llamadas telefónicas y transferencias digitales. El agresor rara vez se presenta físicamente. El objetivo es generar miedo y obtener pagos directos mediante plataformas digitales. Esta forma de operar ha permitido que el delito se expanda con rapidez, sin que las intervenciones tradicionales de la Policía tengan impacto real.

“Se suele pensar que la extorsión involucra violencia visible. No es así. La mayoría se ejecuta desde la prisión o desde cualquier parte del país, usando un celular. Y los pagos se concretan en segundos, por Yape o Plin”, comentó. En ese contexto, los estados de emergencia resultan ineficaces porque están diseñados para enfrentar otro tipo de criminalidad. “La extorsión tiene vida propia”, remarcó Valdés, tras señalar que las autoridades no están atacando el núcleo del problema.

Un sistema delictivo con nueve formas distintas

El fenómeno ha evolucionado con tal rapidez que ya no se limita al ‘gota a gota’, donde pequeños prestamistas informales cobran intereses exorbitantes y recurren a amenazas si no reciben el dinero a tiempo. Hoy existen al menos nueve variantes de extorsión operando en el país. Entre ellas figuran el secuestro exprés, el cobro de cupos a empresarios, la extorsión desde penales, las amenazas a funcionarios públicos y hasta la presión a través de redes sociales.

Cada modalidad tiene su lógica y su público objetivo. En zonas urbanas, las víctimas suelen ser comerciantes o transportistas. En áreas rurales, el blanco puede ser un agricultor, una pequeña minera o incluso un dirigente local. “Las estructuras criminales están adaptadas a cada territorio. Tienen gente que cobra, que marca, que amenaza, y todo bajo un mismo esquema organizado”, indicó el exfuncionario.

Según sus estimaciones, la economía criminal en el Perú ya supera los 12 mil millones de dólares. De ese total, la extorsión representa una porción significativa y sigue en expansión. “El ‘gota a gota’ mueve más de S/4 mil millones. Si sumas los demás tipos, el monto se dispara. Y lo más grave es que el Estado no tiene una respuesta articulada frente a este problema”, afirmó.

Negocios quebrados y ciudades dominadas

El impacto de la extorsión va más allá de las cifras. Valdés aseguró que la inseguridad ciudadana ha causado el cierre de la mitad de negocios en barrios de Lima Metropolitana. A nivel nacional, el fenómeno ha afectado a un tercio de los emprendimientos. Esta crisis tiene consecuencias económicas directas: menos empleo, menor inversión y el desplazamiento de las actividades formales.

“En muchos distritos, los emprendedores ya no quieren abrir sus puertas porque saben que en algún momento les llegará un mensaje pidiendo cupo. Es más fácil cerrar que arriesgar la vida”, explicó. En regiones como Puno (La Rinconada) y La Libertad (Pataz), donde se concentra la mayor cantidad de homicidios, la situación es crítica. Otras zonas afectadas son Tumbes, Callao, Huaral y Trujillo, donde las bandas criminales ya ejercen control territorial.

Valdés también cuestionó el uso recurrente de los estados de emergencia como una salida política más que operativa. “Se declara emergencia para dar una señal de acción, pero no se cambia nada estructural. No se ataca el corazón del problema: las redes de extorsión y sus canales de dinero”, concluyó.

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