Patricia Benavides seguirá con escolta policial pese a suspensión, confirma ministro: Gobierno la considera una “personalidad”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó este miércoles que la Policía Nacional (PNP) no retirará el resguardo policial a la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides, a pesar de una orden judicial que establece su suspensión por 24 meses como fiscal suprema titular y fiscal de la nación por delitos de corrupción presuntamente cometidos cuando ejercía el cargo.

Ante la consulta de la prensa sobre la continuidad de la escolta policial en el contexto de dicha medida judicial, Malaver señaló que existe una resolución vigente emitida por la Comandancia General de la PNP.

“La misma ha sido emitida en el mes de febrero y es hasta el mes de agosto, y se le emite como personalidad al haberse realizado previamente la evaluación de riesgos por la PNP, esto dentro de un marco de los reglamentos y directivas correspondientes a la prestación de seguridad a personalidades”, declaró en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Malaver no indicó si la medida será objeto de una futura revisión, pero recalcó que la asignación del resguardo responde a una evaluación institucional ya efectuada.

La decisión de suspender a Benavides fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ante un pedido de la Fiscalía en el marco de la investigación abierta por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado.

La resolución se conoció en momentos en que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el máximo órgano de la judicatura, había pedido el apoyo de la Policía Nacional para que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cumpla con reponer en ese cargo a su antecesora, a raíz de una reciente resolución que aprobó su restitución.

Benavides fue destituida en diciembre de 2024 y hace una semana, tras la polémica resolución de la JNJ, intentó asumir nuevamente el cargo, sin conseguirlo. Por estos hechos, fue denunciada por Espinoza por presunta usurpación de función pública, además de acusar un intento de golpe de Estado en el Ministerio Público.

El mismo martes, la JNJ anunció que había iniciado un “procedimiento de ejecución forzosa”, que implica solicitar el uso de la fuerza pública para restituirla.

Posturas

El abogado de Benavides, Humberto Abanto, anunció que presentará una queja ante la JNJ contra el juez supremo provisional Segismundo León, quien ordenó la suspensión de su defendida por 24 meses. Abanto calificó la decisión como “disparatada” y adelantó que apelará ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con el objetivo de revocarla.

“Lo primero que vamos a hacer es apelar. Lo segundo que sí voy a hacer es ir en queja directa a la Junta Nacional de Justicia por la actuación de este juez Supremo provisional, Segismundo León, que es una persona por la que yo he tenido un gran aprecio, pero que en este caso lamentablemente ha manchado su carrera”, declaró en entrevista con Exitosa.

Cuestionó que se haya dictado la suspensión pese a que Benavides no ejerce formalmente ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación. “¿Cómo vas a declarar la suspensión en el caso de una persona que no está en el cargo (Benavides) a solicitud de otra persona (Delia Espinoza) que dice que está ejerciendo el cargo (fiscal de la Nación) por el cual está suspendiendo a la otra? Por Dios”, expresó.

Por su parte, el penalista Andy Carrión explicó que la resolución judicial prevalece sobre cualquier disposición administrativa anterior de la JNJ. “La Junta Nacional de Justicia ya no puede intervenir en exigir la aplicación de su decisión, porque ha perdido competencia. Ahora la resolución del conflicto corresponde al Poder Judicial”, afirmó.

Aunque la medida ha sido emitida en primera instancia, la defensa legal de Benavides puede apelar. Sin embargo, mientras la Corte Suprema no emita un nuevo fallo, la suspensión se mantiene vigente y es de cumplimiento obligatorio. Durante este periodo, ninguna otra autoridad puede modificar o revertir la decisión del Poder Judicial.