El abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, anunció que presentará una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez supremo que ordenó la suspensión por 24 meses de la exfiscal de la Nación.
En entrevista con Exitosa, Abanto aseguró que la resolución del juez supremo provisional Segismundo León es “disparatada” y que apelarán ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en busca de que sea revocada.
“Lo primero que vamos a hacer es apelar. Lo segundo que sí voy a hacer es ir en queja directa a la Junta Nacional de Justicia por la actuación de este juez Supremo provisional, Segismundo León, que es una persona por la que yo he tenido un gran aprecio, pero que en este caso lamentablemente ha manchado su carrera”, declaró el letrado.
Abanto se quejó porque el magistrado suspendió a Patricia Benavides pese a que, formalmente, no ejercer ni el cargo de fiscal suprema ni el de fiscal de la Nación.
“Cómo vas a declarar la suspensión en el caso de una persona que no está en el cargo (Benavides) a solicitud de otra persona (Delia Espinoza) que dice que está ejerciendo el cargo (fiscal de la Nación) por el cual está suspendiendo a la otra? Por Dios”, reclamó.
Patricia Benavides suspendida
El Poder Judicial decidió hoy miércoles 25 de junio suspender por 24 meses a Patricia Benavides, impidiendo su retorno como fiscal de la Nación, cargo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscaba restituirle, incluso mediante el uso de la fuerza pública.
La resolución, emitida tras el requerimiento de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, responde a las acusaciones contra Benavides por presuntamente haber interferido en la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, utilizando su autoridad para favorecer a José Luis Castillo Alva y sus allegados.
La medida se enmarca en una investigación iniciada en junio de 2024, que señala a Benavides por obstruir las pesquisas del Equipo Especial Cuellos Blancos y de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Aunque Espinoza solicitó una suspensión de 36 meses, el juez supremo Segismundo León consideró que un plazo de 24 meses era proporcional, dado el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso.
La resolución también suspenda los efectos de la decisión de la JNJ (Resolución 231-2025-JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides, a pesar de que Delia Espinoza fue elegida como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos.
El juez León argumentó que existe una sospecha fundada de que, si Benavides retornara al cargo, podría comprometer la objetividad del sistema de justicia y los procesos penales a cargo de los fiscales supremos. Esta decisión bloquea, por ahora, los esfuerzos de la JNJ, cuyo presidente, Gino Ríos Patio, había solicitado a la Policía Nacional del Perú el uso de la fuerza para ejecutar su controvertida resolución. La suspensión, que no será pausada por la apelación anunciada por la defensa de Benavides, será revisada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
La defensa de Benavides, liderada por los abogados Juan Peña y Humberto Abanto, expresó su sorpresa ante el fallo y anunció que presentará un recurso de impugnación. Peña cuestionó la validez de la suspensión, argumentando que Benavides no ejerce actualmente el cargo de fiscal de la Nación ni de fiscal suprema. Además, señaló que solo el Congreso tiene la competencia para inhabilitarla, según el procedimiento constitucional, y criticó la celeridad con la que se resolvió el pedido de Espinoza en comparación con los trámites de la defensa, que suelen demorar meses.
Apelan suspensión de Patricia Benavides
Patricia Benavides apeló la suspensión de 24 meses dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, buscando su revocación para retomar su cargo. La defensa, integrada por Humberto Abanto, Juan Peña, Christian Beteta y Jorge del Castillo, presentó el recurso ante el juez Segismundo León, solicitando su elevación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Cuestionan la competencia de la fiscal Delia Espinoza, argumentando un conflicto de intereses, ya que Espinoza habría sido perjudicada por la presunta organización liderada por Benavides que influyó en su nombramiento como fiscal suprema. Alegan que Espinoza actúa con motivaciones personales, y el juez no respondió a este punto.
También critican la valoración de pruebas, calificando las declaraciones de colaboradores y testigos como no corroboradas. Además, señalan que la suspensión se impuso sin formalización de la investigación, que requiere aprobación del Congreso por el estatus de aforada de Benavides. Finalmente, argumentan que no ejerce el cargo, pues la resolución de la JNJ que ordena su restitución no se ha ejecutado.
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