¿Qué construcciones deben ser prioridad en los planes de reforzamiento sísmico en el Perú?

Cuando un país como el nuestro, asentado en el temido Cinturón de Fuego del Pacífico, vive recordatorios frecuentes de su vulnerabilidad, la prevención no debería ser un acto voluntario, sino un mandato impostergable. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), un movimiento telúrico de gran magnitud en la costa central es solo cuestión de tiempo. Entonces, la pregunta no es si ocurrirá un gran sismo, sino si estaremos preparados cuando ocurra.

En ese contexto, la discusión sobre qué construcciones deben ser prioridad en los planes de reforzamiento sísmico no es menor. Debemos dejar de lado la improvisación y trabajar con un enfoque técnico, ético y social. Aquí comparto una reflexión sobre tres áreas que, en mi opinión, deben encabezar cualquier política seria de mitigación del riesgo sísmico en el país.

• Las edificaciones esenciales: sin ellas, no hay respuesta possible, resulta incomprensible que en un país sísmico, edificios clave para la respuesta a emergencias aún carezcan de las garantías estructurales necesarias. Los hospitales, colegios, estaciones de bomberos, comisarías y centros de operaciones de emergencia deberían ser los primeros en las listas de reforzamiento. No solo por su valor económico, sino porque de su funcionamiento inmediato depende la vida y la recuperación de miles.

Basta recordar el terremoto de Pisco en 2007: gran parte de los hospitales de la zona colapsaron o quedaron inoperativos, obligando a atender a los heridos en carpas improvisadas. La lección fue clara, pero ¿qué hemos hecho desde entonces? Según el Ministerio de Salud, al 2023, más del 60 % de los hospitales públicos del país presenta algún nivel de vulnerabilidad estructural frente a un sismo severo. Algunos datan de hace más de 50 años y no cumplen con la Norma Técnica E-030 del Reglamento Nacional de Construcciones (RNC).

En el sector educativo, el diagnóstico es igualmente preocupante. El Banco Mundial y el Ministerio de Educación identificaron más de 108,000 edificios escolares que requieren intervención urgente, ya sea por reforzamiento o sustitución. Se calcula que el costo para asegurar estas infraestructuras supera los USD 2,700 millones. Y mientras esa inversión no se concrete, seguimos enviando a millones de niños y niñas a estudiar en espacios que podrían convertirse en trampas mortales durante un terremoto.

• Las viviendas informales: el gran talón de Aquiles del país: el rostro más doloroso de nuestra vulnerabilidad está en los barrios populares. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cerca del 60 % de las viviendas del país han sido autoconstruidas, muchas de ellas sin asesoría técnica. En Lima, el porcentaje de viviendas informales asciende al 70 %, y en regiones como Arequipa, Chiclayo o Piura, las cifras no son muy distintas.

La autoconstrucción no es el problema en sí: lo es cuando esta ocurre al margen de las normas, sin planos aprobados, sin supervisión de un ingeniero colegiado y, sobre todo, sin conciencia del riesgo sísmico. Muchos de estos hogares están hechos con materiales inadecuados o con combinaciones peligrosas: ladrillo artesanal sin refuerzo, columnas desalineadas, techos mal diseñados. En un país como el nuestro, eso equivale a vivir sobre una bomba de tiempo.

Aquí es donde los programas de reforzamiento deben apuntar con mayor decisión. Las viviendas multifamiliares informales, ubicadas en zonas densamente pobladas, deberían ser prioridad absoluta. Un colapso de estas estructuras durante un sismo podría significar no solo una catástrofe en términos de vidas humanas, sino un desastre social y económico sin precedentes.

• Las edificaciones en suelos críticos: la trampa bajo los pies: el tercer eje de acción debe ser el suelo. Porque no basta con reforzar una estructura si el terreno sobre el que se asienta amplifica el peligro. El tipo de suelo influye de manera directa en el comportamiento de las edificaciones durante un sismo. Suelos blandos, rellenos no compactados, zonas con material de acarreo o suelos contaminados pueden amplificar las ondas sísmicas hasta en un 30 %, según estudios del CISMID-UNI.

En Lima, vastas zonas de la ciudad —desde el Callao hasta partes de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho o Comas— están construidas sobre suelos de relleno o depósitos aluviales. Allí, incluso edificaciones de mediana altura pueden sufrir daños severos durante un movimiento telúrico. El problema es doble: por un lado, la vulnerabilidad del suelo; por el otro, la falta de estudios geotécnicos al momento de edificar.

Aquí, el reforzamiento debe incluir tanto el mejoramiento del suelo —a través de técnicas como inyecciones de resinas o compactación dinámica— como la revisión de la estructura misma. No hacerlo es, literalmente, construir sobre arena.

El reforzamiento estructural no es solo una cuestión de ingeniería: es un acto de responsabilidad social. Significa proteger vidas, evitar desastres económicos y preservar la funcionalidad de un país en crisis. Cada sol que se invierte en prevención ahorra millones en reconstrucción y, lo más importante, salva vidas.