‘El Tío’, el expolicía que era el nexo local de una red de trata en Lima Norte: lo capturaron junto a líder del Tren de Aragua

Un nuevo golpe al crimen organizado se ejecutó esta semana en Lima Norte, donde las autoridades desarticularon una facción delictiva vinculada al grupo transnacional Tren de Aragua. El operativo dejó como principal novedad la detención de un exagente de la Policía Nacional del Perú, quien presuntamente habría ofrecido respaldo local a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

José Alberto Sotelo Bermúdez, conocido con el alias de “el Tío”, figura entre los diez capturados durante el allanamiento de varias viviendas en San Martín de Porres e Independencia. Su participación habría consistido en brindar protección e información clave para el funcionamiento de la organización criminal, que operaba en zonas cercanas a centros comerciales de alto tránsito en el norte de la capital.

Exfuncionario policial en el corazón de la mafia sexual

“El Tío” no era un desconocido para las autoridades. Según la División contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el exagente actuaba como facilitador de los movimientos de la organización criminal conocida como “Guerrilla Pobre”, brazo operativo del Tren de Aragua en el Perú. Su experiencia dentro de la institución policial lo habría convertido en pieza útil para la expansión de las redes de explotación sexual en el país.

Los informes de inteligencia señalan que su rol consistía en alertar sobre operativos y movimientos policiales, además de garantizar que los integrantes de la red actuaran con libertad en zonas específicas de Lima Norte. El monto de los sobornos cobrados a mujeres explotadas en estas áreas llegaba a los 400 soles semanales, y en algunos casos las víctimas eran extorsionadas con amenazas de muerte si no cumplían con las exigencias económicas impuestas por los criminales.

Héctor Gonzáles Lara y el control de la “plaza”

Junto a Sotelo, cayó Héctor Rafael Gonzáles Lara, alias “Héctor”, señalado por las autoridades como el líder del grupo delictivo. De nacionalidad venezolana, Gonzáles era el cabecilla de Guerrilla Pobre, organización que mantenía el control territorial de la segunda zona con mayor actividad de prostitución en Lima, ubicada en los alrededores de los centros comerciales Royal Plaza y MegaPlaza.

De acuerdo con la fiscalía especializada, Gonzáles Lara ya había sido detenido en 2023, cuando se rescató a una víctima durante un operativo. En aquella ocasión se le halló con un arma de fuego y sustancias ilícitas, pero fue puesto en libertad por decisión judicial. Desde entonces, habría retomado el control de la red, consolidando su liderazgo a través de amenazas, uso de armas y cobro de “derecho de piso” a mujeres de diversas nacionalidades.

Los otros capturados y su rol en la red

Durante el operativo ejecutado por personal de la Dirección General de Inteligencia, Terna, DINOES y otros equipos especializados, se arrestó a ocho ciudadanos venezolanos y al expolicía peruano. Entre los detenidos se identificó a Osman Natera (“Colitas”), Yerson Salas (“Valenciano”), Deivis Vaca (“Manchas”), Beiker Vásquez (“Rufo”), Breidy Brandes (“Nahomy”), Johan Briceño (“Johan”) y Zulmeiry Brito (“Zulmeiry”), presuntos encargados de la vigilancia y el cobro a las víctimas.

La Policía señala que este grupo actuaba como “controladores de plaza”, quienes no solo exigían pagos semanales, sino que también imponían sanciones violentas a quienes se negaban a obedecer. El sistema operaba bajo la lógica de microterritorios, donde cada miembro cumplía funciones específicas para garantizar la explotación sexual sin interrupciones. En total, se allanaron 11 inmuebles, donde se hallaron armas, dinero en efectivo, drogas, dispositivos móviles, navajas y otros elementos vinculados a la red criminal.

Víctimas rescatadas y asistencia humanitaria

La operación también permitió rescatar a 18 mujeres, en su mayoría extranjeras, que se encontraban sometidas a condiciones de explotación. Provenientes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, las víctimas fueron puestas bajo protección por el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, con el respaldo de la ONG internacional Aerial Recovery.

Los testimonios recabados revelan el nivel de violencia y coerción al que estaban sometidas. Algunas de las mujeres habrían ingresado al país con la promesa de trabajos lícitos, pero terminaron siendo captadas por redes que las obligaron a prostituirse bajo amenazas constantes. En muchos casos, eran vigiladas, impedidas de escapar y controladas mediante el uso de armas o chantajes contra sus familias.

El Ministerio Público contó con la participación de fiscales adjuntos de Lima Norte, Lima Centro y Callao, quienes acompañaron el operativo y lideraron el allanamiento. Las investigaciones continúan para determinar el grado de implicancia de cada detenido y evaluar si existen otros funcionarios públicos que hayan colaborado con la red.