
La cúpula directiva de Essalud quedó sacudida por una serie de renuncias y cuestionamientos a raíz de un informe de la Contraloría e información revelada por Punto Final. El epicentro del escándalo es Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo del Seguro Social, quien permanece en el cargo mientras enfrenta severas observaciones sobre su experiencia profesional.
En medio de las acusaciones de no contar con la experiencia necesaria y haber sido inhabilitado por el Colegio Médico del Perú luego de haber sido designado, las dudas incrementan. Un pedido de información cursado a la Dirección de Redes Integradas de Lima Norte arrojó que, oficialmente, el director médico de la Clínica Cori entre noviembre de 2018 y marzo de 2020 fue Ítalo Coripuna Romero, fundador de dicha clínica, y no el titular del Seguro Social del Perú. Es decir, el nombre de Acho Mego no figura en ningún registro institucional ni como trabajador ni como titular de la dirección médica, por lo que sin esa experiencia, no habría cumplido los requisitos mínimos para asumir la presidencia de Essalud.
Aunque los cuestionamientos son hacia la cabeza de la entidad. No es el único. Entre los nombres que salieron a la luz en el reportaje destaca Christian Calderón Luna, militante de Alianza para el Progreso y excandidato a la alcaldía provincial del Santa, en Áncash. En abril de este año, Calderón fue nombrado asesor III de la presidencia ejecutiva de Essalud. Aunque negó que su militancia tuviera relación con su designación, sí reconoció que tras la difusión de los reportajes presentó su carta de renuncia, primero por motivos personales y luego debido a su filiación partidaria, en un contexto en que la organización vive una crisis de legitimidad.
Otro caso es el de Fredy Jordán Medina, gerente central de Inversiones, quien también dimitió tras la exposición pública de una investigación fiscal en su contra por peculado doloso en el Gobierno Regional de Lima. En conversación telefónica con el dominical, Jordán confirmó la existencia de la investigación y relató que el propio presidente de Essalud le solicitó el retiro, aunque negó tener nexos con el expresidente Martín Vizcarra, pese a haber trabajado en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) durante su gobierno. “Ya me llamó el presidente, así que ya estoy renunciando al cargo. Sí, me dicen que por el tema de la denuncia de Latina. Yo estoy renunciando ahorita, la presenté hace media hora”, expresó.

En la misma oficina de inversiones figura Edwin Coyla Carreño como subgerente, quien de acuerdo al dominical enfrenta tres sentencias judiciales y recientemente fue condenado a siete años de prisión por colusión agravada cometida durante su gestión en la municipalidad de Amantani, Puno.
Finalmente, destaca el caso de Aurelio Orellana Vicuña, expresidente de Essalud entre 2022 y 2023, removido tras el escándalo por la compra de pruebas rápidas de COVID-19 a la empresa Aionia Technology. Aunque investigado por este hecho, fue designado gerente del hospital Edgardo Rebagliati el pasado marzo.
El año pasado se flexibilizaron requisitos para cargos clave en Essalud, situación que abrió las puertas a funcionarios con antecedentes cuestionables. Ante el escándalo, el actual presidente ejecutó una “razia” interna mientras el Ejecutivo sostiene su permanencia pese a las serias dudas sobre su trayectoria.

¿Qué dijo EsSalud?
A través de un comunicado, la institución respondió al reportaje y admitió estar, desde la quincena de mayo, en un proceso de reorganización administrativa, evaluando todos los cargos gerenciales y designaciones realizadas.
Confirmaron la renuncia de Fredy Jordán Medina, Edwin Coyla Carreño y Christian Calderón, sin dar mayores detalles ni responder a los cuestionamientos sobre sus perfiles. No obstante, defendieron la permanencia de Orellana Vicuña al asegurar que “no registra sanción ni impedimento legal vigente, por lo que no existen medidas que restrinjan actualmente el ejercicio de sus funciones”.
Al respecto, Edwin Coyla Carreño mencionó que a la fecha en la que se emitió el reportaje de Punto Final no contaba con ninguna sentencia judicial de carácter firme vigente. Agregó que la sentencia de colusión agravada que se menciona en el programa fue revocada en segunda instancia.
Asimismo, que no contaba ni cuenta con ningún impedimento para contratar con el Estado y que su salida obedece a una decisión unilateral del presidente de EsSalud “en la que no está en discusión mi idoneidad para el ejercicio del cargo”.
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