La crisis de inseguridad ciudadana continúa azotando al país y rompe sus propios récords. Datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelan que hasta el 3 de junio del 2025 ya se han registrado más de 900 personas asesinadas a nivel nacional, con un promedio de 5 muertes cada día.
Los 929 asesinatos registrados por Sinadef tienen a Lima como la región con mayor incidencia, con un total acumulado de 324 personas fallecidas por este motivo. Por otro lado, la región La Libertad, uno de los focos de la minería ilegal en la actualidad, ocupa el segundo lugar con 101 personas asesinadas.
Es necesario recordar que zonas como Pataz y Trujillo se encuentran en estado de emergencia desde hace más de un año, mientras sus cifras de asesinatos siguen en aumento.
En tercer lugar con la mayor cifra de asesinatos se encuentra la provincia constitucional del Callao con 84 casos, seguido de Piura con 61 personas fallecidas. El top cinco lo cierra Ica con 43 personas asesinadas hasta el 3 de junio de este año.
Más de 4 mil asesinatos durante el gobierno de Dina Boluarte
Según el analista de datos, Juan Carbajal, desde que inició el gobierno de la presidenta Dina Boluarte el pasado 7 de diciembre del 2022 y hasta el 30 de mayo del 2025, se registraron en el sistema del Sinadef un total de 4.583 personas asesinadas.
El análisis hecho por el experto también indica que durante la administración de la presidenta Boluarte, la cifra de asesinatos en todo el Perú aumentó gradualmente hasta llegar a un pico máximo de 208 homicidios en noviembre del año 2024. Desde entonces, la cifra se redujo parcialmente, pero en los meses de enero (204) y abril (202) del 2025 la cifra de personas asesinadas superó las 200.
¿Sirven los estados de emergencia?
El estado de emergencia, vigente hasta el momento en Lima y Callao, ha sido objeto de críticas no solo por parte de expertos en seguridad, sino también de autoridades locales. En particular, los alcaldes de distritos como San Martín de Porres y Ventanilla que manifestaron su desacuerdo con los resultados que ha generado esta medida.
Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, uno de los distritos más afectados por la violencia, ha sido claro en su rechazo al estado de emergencia. En su opinión, este tipo de medidas no ofrece una solución a largo plazo y no contribuye a resolver los problemas estructurales que alimentan la delincuencia.
“Está demostrado que el estado de emergencia no ha resuelto ni va a resolver el problema de fondo. No hay una estrategia y un plan integral para combatir la delincuencia”, manifestó Sifuentes en declaraciones durante el mes de abril.
Por otro lado, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, aunque no descarta la utilidad del estado de emergencia, ha insistido en que la clave para reducir los índices de criminalidad radica en la implementación de estrategias claras y sostenibles.
En su distrito, por ejemplo, ha reconocido que durante períodos anteriores de estado de emergencia, los índices de delincuencia común disminuyeron hasta en un 22%. Sin embargo, también advirtió que cuando se levantó la norma, la situación empeoró nuevamente, lo que subraya la necesidad de adoptar soluciones permanentes y no solo medidas temporales.
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