Gobierno de Dina Boluarte da pase libre a Rafael López Aliaga para fiscalizar el impacto ambiental de sus obras

¿El problema? Muchas de estas obras fueron observadas por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por no subsanar las observaciones en los estudios de impacto ambiental de las obras.

Ante esto, la solución para la administración de López Aliaga, en lugar de subsanar las observaciones, fue presentar una solicitud al MTC, para ser ellos mismos quienes hagan los estudios de impacto ambiental de los proyectos. Es decir, ahora la MML tendrá la doble función de proponer y aprobar los estudios ambientales, lo que la convierte en juez y parte en el proceso.

Esta medida fue autorizada por el gobierno de Dina Boluarte, mediante un convenio firmado el 16 de mayo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el MTC. El documento fue suscrito por el propio López Aliaga y el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto.

Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, el acuerdo le otorga a la comuna limeña facultades inéditas para intervenir directamente en la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental de las obras que impulsa. La decisión elimina trabas administrativas que, hasta ahora, ralentizaban la ejecución de proyectos de infraestructura, varios de los cuales arrastran numerosas observaciones técnicas.

Este respaldo del Ejecutivo al alcalde limeño se da en un momento clave, cuando López Aliaga ha intensificado su presencia en medios y actividades públicas, perfilándose como precandidato a la presidencia en 2026.

Cabe señalar que para que la medida se concrete, la MML debe presentar al equipo que elaborará los informes y este, previamente, debe ser aprobado por el MTC.

Proyectos observados del MML

Varios de los proyectos estrella impulsados por la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, han recibido serias observaciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones debido a deficiencias técnicas en sus estudios de impacto ambiental y cuestionamientos sobre su viabilidad institucional. Entre ellos figuran iniciativas emblemáticas como el puente La Capitana, el bypass Las Torres, la ampliación de la avenida Ramiro Prialé y los nuevos óvalos de San Miguel y La Molina.

Uno de los casos más críticos es el del puente La Capitana, proyectado en el distrito de Lurigancho-Chosica con una inversión estimada de 23 millones de soles. El MTC detectó 53 observaciones al estudio ambiental del proyecto, entre ellas la ausencia de un resumen de las áreas que serían intervenidas y la falta de identificación de las vías de acceso involucradas. Tampoco se presentó un cronograma completo de ejecución. El informe concluyó que la información entregada era deficiente.

Otro proyecto bajo la lupa es el Bypass Las Torres, de 1,4 kilómetros de longitud y valorizado en 100 millones de soles. Esta obra, impulsada por Emape, busca descongestionar la Av. Ramiro Prialé, pero su expediente contiene 30 observaciones. El MTC advirtió inconsistencias en las medidas de las vías, una deficiente identificación de las fuentes hídricas afectadas y la sospecha de que parte del estudio habría sido copiado del expediente de otro proyecto: el eje vial Santa Rosa.

La ampliación de la avenida Prialé también fue observada: el MTC registró 51 anotaciones técnicas que requieren subsanación. A esto se suma el ambicioso proyecto del óvalo Elmer Faucett, en San Miguel, anunciado por la comuna metropolitana en noviembre de 2024 y presupuestado en 127 millones de soles. Especialistas advierten que se trataría de una obra de Categoría III, es decir, con impactos ambientales significativos, por lo que no estaría dentro de la competencia del municipio ni del MTC, sino que debería pasar por el Senace, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

Otro proyecto retirado de evaluación fue el óvalo en el cruce de las avenidas Javier Prado y La Molina, promovido por Invermet.

Pese a los tropiezos técnicos y los cuestionamientos legales, funcionarios de la Municipalidad de Lima estarían presionando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que apruebe al grupo de peritos encargado de elaborar los estudios de impacto ambiental de sus principales proyectos, según fuentes del medio