¿Defensoría del Pueblo tendrá sede de playa? Terreno está en Chocaya y se encuentra a solo 30 metros del mar

El plan del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de establecer una sede en la exclusiva playa Chocalla, a solo pasos del Boulevard de Asia, ha despertado controversias. Según el informe del Semanario de Hildebrandt en sus Trece, el ambicioso proyecto disfrazado como una mejora en el servicio de atención al ciudadano, será costeado con el uso de recursos públicos para lo que parece ser un club de verano.

Este enclave, ubicado a tan solo unos metros del prestigioso Boulevard de Asia, se rodea de condominios donde los precios superan con creces los 250,000 dólares. El plan, que podría costar hasta 3 millones de soles, surge bajo el nombre de un proyecto de “Mejoramiento del servicio de atención de la Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo en Cañete”. No obstante, la polémica estalla debido a que el terreno elegido ofrece impresionantes vistas al Océano Pacífico.

La documentación oficial detalla que la nueva sede incluirá estacionamientos, oficinas administrativas, salas de uso múltiple y una cocina, entre otras facilidades, todas diseñadas en armonía con el entorno lujoso de la zona. Aunque la propuesta pretende beneficiar a la población de Lima, compuesta por más de 10 millones de habitantes, la realidad es que sus características sugieren un espacio diseñado más para el confort que para la eficiencia administrativa.

La historia del proyecto comenzó el 23 de octubre del año pasado, cuando la Defensoría del Pueblo envió una solicitud a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para obtener el terreno de 8,760 metros cuadrados. Erwin López Calvo, militante de Somos Perú, estuvo a cargo de realizar esta petición. Tras un exhaustivo análisis, la SBN finalmente otorgó el espacio, argumentando que el sitio estaba en un área eriaza sin playa, aunque investigaciones presenciales demostraron lo contrario.

Desde el 2024, Gutiérrez ha gestionado la solicitud de otros seis terrenos adicionales, de los cuales cuatro han sido aprobados. Estos incluyen ubicaciones en Piura, Chimbote, Carhuaz y la cuestionada playa Chocalla. Los terrenos están destinados, según se informa, a mejorar las oficinas de atención ciudadana, aunque la naturaleza de estos pedidos ha sido objeto de escrutinio público.

El financiamiento del proyecto saldrá de un adicional de 8 millones de soles del presupuesto otorgado por la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP). Esto ha desatado críticas sobre el uso correcto de los recursos públicos y la verdadera justificación detrás de la construcción de esta sede costera.

El exjefe de la SBN, José Luis Paraizamán, resaltó que tanto la SBN como la Defensoría del Pueblo parecen haber ignorado la máxima rentabilidad social y económica al ceder un terreno de alto valor. Según Paraizamán, la operación carece del impacto social necesario y cuestiona cómo esta ubicación mejorará los trámites ciudadanos cuando se encuentra rodeada por lujo y exclusividad.

“Un bien se entrega para rendir con la máxima rentabilidad social y económica. No se entrega para hacer un club o un área de recreación. Hay muchas entidades que no cuentan con locales como ese. No hay ese impacto social al construirse alrededor de condominios (de playa). ¿Cómo mejora a los ciudadanos en sus trámites y de cara a la administración pública si está rodeado de condominios?”, comentó Paraizamán.

A pesar de los pedidos de transparencia, la Defensoría del Pueblo no ha brindado comentarios sobre esta controversia, advierte el informe.