
Un documento emitido este miércoles por la Policía Nacional (PNP) señala que el expresidente Martín Vizcarra podría estar considerando la fuga del país debido al “panorama jurídico adverso” que enfrenta por presuntamente haber solicitado sobornos durante la licitación de dos obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014.
De acuerdo con parte de este informe, leído por la periodista Mávila Huertas en el programa Ocurre Ahora de ATV, el proceso penal contra el exmandatario podría concluir con una posible sentencia condenatoria.
El texto detalla dos posibles escenarios que podría enfrentar Vizcarra, acusado por el presunto delito de cohecho pasivo. El primero de estos es la fuga del país, dada “la gravedad de las acusaciones en su contra y el riesgo de encarcelamiento”.
Según la PNP, el exgobernante podría optar por rutas menos vigiladas, como pasos fronterizos, puertos fluviales y marítimos. Los países más atractivos para su salida serían Bolivia y Brasil, debido a su amistad con el presidente boliviano, Luis Arce, y los presuntos nexos con empresas vinculadas a la constructora Odebrecht.

En segundo lugar, el informe menciona la posibilidad de que Vuzcarra solicite asilo político, una táctica ya fue empleada por la exprimera dama Nadine Heredia, siempre según el informe. La PNP no ha brindado aún una respuesta oficial al respecto.
No obstante, poco después de que se emitiera el despacho, Vizcarra respondió a través de sus redes sociales. “Rechazo enérgicamente el montaje psicosocial de una imaginaria fuga del país, o pedido de asilo. Los medios al servicio de la mafia recogen una noticia falsa, para crear una cortina de humo y así desviar la atención de los graves problemas que aquejan al país”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
El Ministerio Público ha pedido 6 años de prisión para Vizcarra por el caso ‘Lomas de Ilo’ y 9 años más por la licitación del Hospital Regional de Moquegua, así como la inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos. La tesis fiscal señala que el exgobernante utilizó su posición para solicitar sobornos a cambio de no objetar la adjudicación de estas obras.

A inicios de mayo, el Congreso no consiguió inhabilitar a Vizcarra por 10 años debido al cierre del Parlamento en 2019, al quedarse a 5 votos de los 66 requeridos. El exmandatario atribuyó la falta de apoyo a que varios congresistas aprovecharon el feriado del Día del Trabajo. Aunque no se aprobó la inhabilitación, ya está impedido de postular a cargos públicos hasta 2031 por el caso ‘Vacunagate’. Fuerza Popular y Renovación Popular impulsaron principalmente la sanción.
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