El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situado en el Callao, dio inicio a su etapa de marcha blanca el pasado 15 de mayo, marcando un importante hito en la infraestructura aeroportuaria del Perú.
Este periodo preliminar es fundamental para evaluar el funcionamiento operativo antes de su apertura oficial, prevista para el próximo domingo 1 de junio. Durante esta fase, solo un 1% del tráfico aéreo fue transferido al moderno terminal, lo que representa aproximadamente 700 pasajeros al día.
Esta medida tiene la finalidad de identificar y solventar posibles problemas sin interrumpir significativamente el flujo principal de viajeros. Las operaciones en el antiguo terminal cesarán el 31 de mayo a las 11:59 p.m., dando paso a una cuidadosa transición de 12 horas en la que se movilizarán equipos y personal, minimizando así los inconvenientes.
PNP disconforme
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, el parlamentario Alfredo Azurín, de la bancada de Somos Perú, expresó su preocupación por las limitaciones de espacio que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP) en el nuevo aeropuerto.
Según explicó el legislador en una entrevista para Exitosa Noticias, varias unidades de seguridad han manifestado su descontento ante las condiciones de las instalaciones que deberían ocupar.
Esa esa línea, detalló las deficiencias en la sede de la División de Prevención contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) dentro del aeropuerto y subrayó que estas carencias comprometen la eficacia de las operaciones antidrogas.
“No le toman importancia a los departamentos Antidrogas dentro del diseño de los planes que hay en los puertos y aeropuertos. Eso es grave”, señaló. Las instalaciones actuales no cuentan con espacios adecuados para calabozos, almacenamiento de armas o drogas, lo que representa un desafío significativo para la operación de Dirandro.
También criticó la inacción de Lima Airport Partners (LAP), encargada de la concesión del aeropuerto, a pesar de haber sido alertados sobre estos problemas. Los fallos estructurales impactan negativamente en las condiciones de trabajo del personal policial.
“Qué va a suceder cuando uno reciba una llamada telefónica de los operadores de inteligencia y tengamos que correr? El aeropuerto es mucho más grande”, advirtió.
Azurín recordó que ya en febrero había señalado que la ubicación de Dirandro, distante más de un kilómetro de las zonas operativas de control, podría dificultar la capacidad de respuesta inmediata en situaciones críticas.
“Ayer han venido muchas unidades: Requisitorias, la Policía Fiscal, Extranjería, etc., y no le han pedido opinión”, comentó, insistiendo en la necesidad de que LAP solucione estos problemas rápidamente, siendo una cuestión de seguridad nacional urgente.
El congresista Azurín, en sus declaraciones, también reiteró que LAP, al ser una entidad privada, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en el aeropuerto. Señaló que “si LAP quiere hacerlo, lo hace”, enfatizando la urgencia de actuar debido a la importancia de proteger no solo el aeropuerto, sino también la seguridad nacional en general.
Esta denuncia no es nueva. El legislador de Somos Perú recordó que en reiteradas ocasiones alzó su voz de protesta ante las condiciones de trabajo de la unidad antidrogas en el nuevo terminal aéreo .
En esas ocasiones, indicó que, desde su primera inspección, ha hecho llegar las observaciones tanto a LAP como al Ejecutivo, sin obtener respuestas ni correcciones. “Han pasado más de tres meses desde mi primera visita y la situación no ha cambiado”, señaló a través de sus redes sociales.
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