Denuncian mafia en el penal de Lurigancho: imágenes muestran a personal del INPE cobrando coimas de S/200 para ingresar celulares

La fuga de un interno en el penal de Lurigancho, ocurrida hace poco más de un mes, desató una serie de dudas sobre la seguridad y el control en uno de los establecimientos penitenciarios más importantes de Lima. Pero las preocupaciones aumentaron cuando se revelaron imágenes que muestran a efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) recibiendo presuntamente coimas de parte de visitantes, lo que lleva a sospechar de una posible red de corrupción al interior del penal.

Los videos, que datan de septiembre de 2024, fueron grabados desde lo alto de lo que parece ser una torre de control y muestran claramente el accionar de algunos trabajadores del INPE durante el proceso de ingreso de los visitantes. En estas imágenes se observa a las personas ingresar por el primer control, entregar su documento al técnico encargado de la vigilancia, quien inmediatamente, tras revisar el documento, guarda algo en su bolsillo. Este proceso se repite con cada visitante.

En uno de los videos más alarmantes, se ve cómo un trabajador que respondería al nombre de Julio Jara Cisterna, de acuerdo a un reporte de 24 Horas de Panamericana, cierra una puerta justo cuando una mujer está por cruzarla. Sin embargo, la mujer saca unos billetes de su bolsillo y se los entrega al técnico, quien le permite el paso.

¿Los agentes del INPE cobran por permitir el ingreso al penal?

Según las normativas, el acceso al penal es gratuito, siempre y cuando los visitantes presenten la documentación necesaria. Sin embargo, las imágenes y testimonios revelan una realidad diferente. En otras imágenes se pueden ver torres de monedas y un cuaderno de visitas, lo que sugiere que algunos empleados del INPE estarían recibiendo pagos no autorizados por permitir el acceso al centro penitenciario.

Un testigo anónimo que se presentó ante el noticiero de Panamericana declaró que los técnicos del penal exigen pagos para permitir el ingreso de visitantes, sin importar el propósito de su presencia. Ya sea para visitar a un recluso, realizar actos ilícitos o incluso ingresar a menores de edad con documentos falsificados.

Según el testimonio, los cobros oscilan entre 50 y 200 soles, dependiendo de la situación y la visita. “Depende. Te pueden cobrar 50, 100 o hasta 200 soles. Todo depende. ¿Es posible que ingresen? Claro que sí, ingresan. El control está corrompido porque a todos nos cobran, a todos les cobran”, aseguró.

Los cobros no solo se limitan al ingreso de visitas, sino que también se extienden a la introducción de objetos prohibidos al penal, entre los que destacan los teléfonos celulares. Estos dispositivos, que frecuentemente son incautados durante los operativos del INPE, se convierten en un negocio ilícito dentro de las instalaciones. Según testimonios, para ingresar un celular al penal, los visitantes deben pagar hasta 200 soles en coimas a los técnicos encargados de la seguridad.

El periodista consultó al testigo: “Si yo quiero ingresar un celular al penal, ¿es posible?” A lo que el testigo respondió sin titubear: “Claro, le pagas. Solo coordinas con el técnico o la técnica que te va a revisar y te dejan pasar el celular que les entregues.”

Este tipo de prácticas revela un sistema de control completamente corrompido, donde la seguridad del penal queda en segundo plano frente al interés económico de algunos empleados.

Denuncian presunta mafia interna dentro del INPE

La situación parece ser el resultado de una presunta mafia interna dentro del INPE, tal como lo denuncia Julio César Burga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del INPE. Según Burga, estos cobros no son casuales, ya que son gestionados por personal de confianza de los altos mandos del penal. “En la puerta no está cualquier técnico. Está el personal de su confianza, del alcaide o del jefe de seguridad o del director”, declaró.

De acuerdo con Burga, la corrupción en el penal no involucra a todos los trabajadores del INPE, sino a un pequeño grupo de ellos que, al parecer, están involucrados en actividades ilícitas. “A cualquiera no lo ponen en esos puestos. Pero ¿cuántos están en esos puestos? Dos o tres servidores del INPE de la Guardia, que somos 60 o 70″, señaló.

Por su parte, el exdirector del INPE, Leonardo Caparrós, también se refirió al tema y explicó que, lamentablemente, estas prácticas de cobro no son nuevas. “Es conocido que en algunos penales, en algunas circunstancias, malos agentes hacen cobros para los movimientos de los internos o para permitir la introducción de artículos irregulares, no solo drogas o armas, sino también otros objetos”, dijo.

Este caso subraya la necesidad de una revisión más profunda del sistema de control penitenciario en el Perú, especialmente en centros como San Juan de Lurigancho, donde la corrupción parece estar profundamente arraigada.