John Kennedy Javier Sebastián nació en Venezuela, pero en 2021 logró cruzar la frontera sin documentos. Su nombre se hizo conocido tras la difusión de un video en el que se le ve fugándose del penal de Lurigancho. Sin embargo, antes de la huida, había amenazado al agente Guillermo Huacachi con un objeto punzocortante para facilitar su escape.
De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, Javier Sebastián posiblemente ya había planeado su fuga. Según la publicación, habría entrenado “saltos, piques y sprints”, los cuales aplicó al momento de trepar el muro que separa el penal de la vía pública. Durante su escape, mencionaba a Cristo y celebraba con saltos de alegría al lograr su objetivo. A la fecha, su paradero continúa siendo desconocido.
Interrogado por la Fiscalía en 2023, tras perpetrar un robo a mano armada, declaró tener estudios superiores incompletos en la Universidad Virgen Santísima del Valle. No obstante, no existe rastro alguno de dicho centro académico. El asalto a un minimarket en Lince lo condujo a prisión.
El delincuente ingresó al local junto a su cómplice con el pretexto de solicitar un producto. Pocos segundos después, desenfundó un arma de fuego y apuntó a la dueña del negocio para intimidarla. En un acto violento, guardó el arma en su cintura mientras buscaba el dinero escondido entre las estanterías.
John Kennedy y su cómplice, Simón Martínez Pérez, lograron sustraer S/ 380 de la ganancia del día, tras lo cual huyeron del lugar en bicicletas. Gracias al rápido accionar de la vendedora, quien alertó a las autoridades, uno de ellos fue capturado a tiempo.
Fiscalía no pudo certificar su identidad
Según declaraciones de su abogado, Willian Figueroa Alarcón, el acusado demostró ser una persona con gran capacidad intelectual y habilidad para argumentar en su defensa, llegando incluso a citar documentos de la ONU durante las audiencias.
De acuerdo con Figueroa Alarcón, John utilizó sus conocimientos para defenderse en el tribunal, enfatizando sus derechos y demostrando un profundo estudio de los aspectos legales relacionados con su caso. Sin embargo, tras aceptar su culpabilidad, fue condenado a 10 años de prisión.
El citado medio también señala que la Fiscalía logró probar la implicación de un hombre identificado como John Javier Sebastián en un asalto, aunque no pudo confirmar con certeza si ese era su verdadero nombre. Cabe precisar que el prófugo afirmó haber perdido sus documentos. Aunque se solicitó apoyo a Interpol en Caracas, la respuesta fue que “no existía ningún registro criminal” bajo esa identidad en su base de datos.
Durante los interrogatorios, el acusado ofreció versiones contradictorias sobre su entorno familiar. En varias ocasiones mencionó nombres diferentes al que tenía registrado su abogado. Según el letrado, la madre de John Javier Sebastián se puso en contacto con él, pero utilizó un nombre distinto al que su hijo había mencionado en las declaraciones.
Ineficiencias en los penales
El escape de John comenzó a gestarse durante el último conteo de internos, realizado a las 7 p.m., momento en el que todos los reclusos se encontraban reunidos en el patio, excepto él. John se había escondido en el área de talleres.
Primero se enfrentó a Guillermo Huacachi Salas, quien relató que el reo corrió hacia él con un arma punzocortante. A pesar de tener una radio para reportar la situación, no pudo hacerlo porque el equipo no funcionaba.
“La radio que nos dan es inservible y no tenemos armas disuasivas”, declaró. Huacachi utilizó un silbato para alertar a sus compañeros y lo persiguió, pero no logró detenerlo.
El recorrido de John lo llevó hasta la caseta número 5, donde no había vigilancia, lo que le permitió avanzar sin obstáculos hasta la caseta número 4, situada junto al muro de mallas metálicas que delimita el penal. En ese punto, el vigilante César Inga Vásquez presenció la fuga, pero quedó paralizado ante la escena.
“Si los presos no se van es porque no quieren, hay muchas deficiencias en el penal. No hay material logístico”, señaló.
Todo se alineó para que el reo escapara sin restricciones. Los agentes penitenciarios también están siendo investigados, aunque aseguran que las cámaras de seguridad del penal no funcionan y que las herramientas con las que cuentan “no sirven”.
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