Dina Boluarte afirma que no “sintió” el paro del 14 de mayo, a pesar de protestas en varias regiones

La presidenta Dina Boluarte afirmó, durante un evento oficial con autoridades locales, que no “sintió” la protesta convocada en Lima y otras regiones del país del miércoles 14 de mayo. La movilización detuvo parcialmente el servicio de transporte en varias ciudades.

"¿Y ustedes han sentido el paro nacional? Nosotros no. El Perú ha trabajado, el Perú quiere seguir trabajando y esas son las encuestas. Ahí está nuestro pueblo”, dijo la jefa de Estado.

Luego, volvió a desacreditar a las encuestas de opinión que la colocan con un 0% de aprobación en el norte del país. En ese sentido, manifestó que gestión no tiene cálculo político o mezquindad política.

“Ni estamos pensando en que las encuestas, aquellas que dicen que estamos con el cero tres, ya no sé cuánto me ponen. Ya están poniendo en números romanos. Creo en nuestra calificación. Pero la encuesta mayor son ustedes, ustedes, alcaldes y la encuesta, y la respuesta fue la de ayer”, acotó.

“Los que siempre quieren seguir trabajando en el retraso de nuestra patria, los que quieren seguir trabajando en generar ingobernabilidad, los que quieren seguir trabajando en contra de la patria, los que todavía tienen la deslealtad con la patria que los vio nacer”, mencionó al referirse a sus supuestos enemigos políticos.

Se compromete a generar más de 100 mil empleos

La mandataria señaló que tiene proyecto generar más de 100 mil empleos temporales, con el financiamiento de 800 de 1.800 intervenciones, para lo cual se ha planteado una inversión de 414 millones de soles.

“Un avance de suma importancia en el objetivo de mejorar día a día la calidad de vida entre nuestros compatriotas. Así, sí hablamos con números, con cifras, no como aquellos comentaristas de algunos programas”, dijo.

Por otro lado, comentó que ella no vive “en un mundo paralelo”, y recomienda a periodistas y comunicadores, que cubren su administración, que entren “un poquito más a las plataformas de cada ministerio y vean los resultados.

“Acá no hay ningún mundo en paralelo. Acá lo que hay es una sola historia, una sola verdad. Y esa historia y esa verdad la marcan ustedes, queridos alcaldes, queridas autoridades a nivel nacional”, puntualizó.

Fiscalía investiga a Boluarte por marchas

Durante la movilización del 14 de mayo, ciudadanos grabaron presuntos casos de violencia policial. Esta no es la primera vez que Boluarte es vinculada con este tipo de prácticas, teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional contra ella y seis de sus exministros.

La acusación señala que serían responsables de lesiones leves y graves sufridas por varias personas durante las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Según informó el organismo a través de su cuenta oficial, los disturbios ocurrieron en diversas regiones del país, incluyendo Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

De acuerdo con el documento presentado por el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, la denuncia también involucra a los ex primeros ministros Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros del Interior César Angulo Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Los cargos están relacionados con el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, lo que habría resultado en lesiones a al menos 75 personas, entre ellas Ronald Rojas Ramos y Michel Chipana Vega.

La Fiscalía detalló que los hechos ocurrieron en el contexto de las protestas sociales que se desencadenaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Estas manifestaciones, que se extendieron hasta el 9 de febrero de 2023, estuvieron marcadas por enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, dejando un saldo significativo de víctimas. Según el documento, los investigados habrían tenido pleno conocimiento de los actos de violencia y del uso desproporcionado de la fuerza durante este periodo.