Allanamiento en GORE Apurímac: Fiscalía investiga uso de planos falsificados en trámites de saneamiento de terrenos

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas llevó a cabo un allanamiento en la sede del Gobierno Regional de Apurímac - Forprap. Esto debido a una investigación que involucra a funcionarios de la institución y a particulares por presuntos delitos de falsificación de documentos y organización criminal.

Según informó el Ministerio Público, la operación tiene como objetivo incautar pruebas relacionadas con estas actividades ilícitas. Las diligencias están siendo lideradas por el fiscal provincial Hernán Warthon Quintanilla, quien según la investigación se habrían utilizado planos perimétricos con firmas falsificadas para gestionar trámites de saneamiento físico legal de propiedades rurales en la provincia de Andahuaylas.

Estos documentos habrían sido empleados para dar una apariencia de legalidad a procesos relacionados con terrenos rurales. Además del allanamiento en la sede del Gobierno Regional, las autoridades intervinieron una oficina particular que, según las pesquisas, ofrecía servicios de ingeniería.

Esta oficina habría estado implicada en la elaboración de los documentos catastrales falsificados, contribuyendo a simular la autenticidad de los trámites realizados. Cabe precisar que ningún funcionario puede ofrecer un servicio que tenga un beneficio particular.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de los involucrados en esta presunta red delictiva.

¿De qué se encargaba la oficina?

En el 2023, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, firmó un convenio de cooperación institucional con la municipalidad distrital de Challhuahuacho, ubicada en la provincia de Cotabambas, con el objetivo de establecer una oficina de enlace de la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (Forprap).

Forprap, la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, desempeña un rol fundamental en la gestión territorial del Gobierno Regional de Apurímac. Su función principal es regularizar la situación legal de los predios rurales mediante procesos de titulación, georreferenciación y corrección de registros catastrales, lo que fortalece la seguridad jurídica sobre la tierra.

Estas acciones permiten que agricultores y comunidades campesinas accedan a documentos formales que respaldan su propiedad, facilitándoles el acceso a créditos, programas de inversión y asistencia técnica. Esta formalización, además de potenciar el desarrollo económico, garantiza un mejor aprovechamiento de los recursos agrícolas.

Otro eje clave de su labor es la intervención en la resolución de conflictos territoriales, frecuentes en zonas rurales donde las delimitaciones no siempre están claramente establecidas. Al actuar como ente técnico, ayuda a establecer límites precisos y consensuados, promoviendo la convivencia pacífica entre comunidades.

En conjunto, su trabajo contribuye a construir una base legal sólida que impulsa el crecimiento inclusivo y sostenible en la región, brindando nuevas oportunidades a quienes dependen de la tierra para vivir.

Hasta el momento, el gobernador no ha brindado declaraciones al respecto.

Canales para denunciar corrupción en instituciones del Estado

• Contraloría General de la República: Recibe reportes sobre uso indebido de recursos públicos y actos irregulares en la ejecución de obras.
• Ministerio Público – Fiscalía de la Nación: A través de sus fiscalías especializadas, recibe denuncias por delitos de corrupción cometidos por servidores del Estado.
• Oficinas de Integridad o Control Interno en entidades públicas: Cada institución del Estado debe contar con un canal interno donde se pueden presentar denuncias sobre actos de corrupción dentro de su ámbito.
• Defensoría del Pueblo: Atiende denuncias vinculadas a vulneraciones de derechos, incluyendo casos de corrupción que afecten servicios o funciones públicas.
• Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR): Canal especializado para que servidores públicos puedan reportar prácticas corruptas o contrarias a la ética dentro del Estado.