El ingreso a la morgue de Trujillo se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad. Afuera, familiares con rostros agotados por el llanto aguardan alguna respuesta. Dentro, el proceso de identificación de los cuerpos continúa sin pausa, pero no con la rapidez que muchos desearían. En medio del drama que dejó la masacre de 13 trabajadores de seguridad en la zona minera de Pataz, hay cuatro víctimas cuyos cuerpos siguen sin poder ser identificados, lo que prolonga la angustia de sus allegados.
Las familias de las víctimas reconocidas han comenzado los velorios y traslados en distintas regiones del norte del país. Para los demás, cada día sin noticias representa una nueva carga emocional. Mientras tanto, las autoridades intentan esclarecer los hechos y acelerar las pruebas que permitan confirmar la identidad de los cuerpos restantes.
Los restos, hallados en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados con signos evidentes de violencia. De los 13 cuerpos extraídos por las autoridades, solo nueve fueron entregados. Los otros cuatro presentan un deterioro significativo que impide completar las pruebas dactilares, método usual para lograr una identificación rápida.
En la División Médico Legal de Trujillo, el doctor Jorge Vásquez Guerrero, director de la institución, explicó que el estado de los cadáveres complica todo el procedimiento. “Las huellas dactilares están muy afectadas por la esfacelación de la epidermis”, señaló. La descomposición, según las autoridades, habría comenzado una semana antes del hallazgo, lo que imposibilita una evaluación visual o tradicional.
Pruebas de ADN como alternativa
El Ministerio Público activo un protocolo forense que involucra a fiscales, patólogos, antropólogos y arqueólogos, siguiendo estándares internacionales. Sin embargo, frente al deterioro de los restos, los especialistas han tenido que considerar otras vías de identificación. Vásquez precisó que “ya se ha dispuesto desde la Fiscalía de la Nación y la jefatura nacional de nuestro organismo, que se gestione la identificación por ADN de los trabajadores asesinados, en caso no se logre identificar por dactiloscopia”.
La toma de muestras genéticas implica un proceso más largo. Según el Ministerio Público, este tipo de pruebas podría tardar entre dos y tres meses. Un tiempo que para las familias significa una espera amarga e indefinida. “Esto obviamente hace que el dolor y la angustia crezca aún más”, comentó una periodista desde la morgue, donde también se informó sobre la llegada de un nuevo equipo de especialistas para reforzar las labores de análisis.
Dolor familiar y demandas de justicia
Frank Monzón es uno de los trabajadores ya identificados. Su cuerpo fue entregado y velado por su familia en el distrito El Porvenir, en Trujillo. El ambiente en la casa donde se desarrolló el velorio fue de recogimiento, con vecinos y conocidos que llegaron a despedirse. Según testimonios recogidos, Monzón era el sustento principal de su familia y deja a una hija de tres años.
Una persona cercana al fallecido compartió lo siguiente: “Él ha sido completamente como mi familia, toda mi familia con él. Yo he comido, desayunado, almorzado, todo, pero las cosas no son así. Él era alegre, era de todos lados. Tenía amigos. Era el nueve. No era faltoso con nadie. Era derecho, derecho”. Su muerte dejó no solo un vacío afectivo, sino también un fuerte impacto económico en su entorno.
La misma fuente comentó que también había trabajado en la zona minera, pero decidió salir por temor: “Me bajé a los 15 días nomás, me bajé de una, no lo pensé dos veces”. El miedo es una constante entre quienes estuvieron vinculados a las operaciones de seguridad privada en Pataz, donde el conflicto por el control del territorio minero ha ido en aumento en los últimos meses.
Investigación en curso
La Junta de Fiscales Superiores de La Libertad informó que las víctimas habrían muerto aproximadamente ocho días antes de ser encontradas. Esa demora inicial complicó los análisis forenses. Hasta el momento, no hay una versión oficial consolidada sobre los responsables del crimen, aunque las investigaciones policiales indican que se trataría de una disputa por el control de la zona minera.
Mientras la morgue trabaja en silencio, las familias exigen celeridad. “Queremos que nos entreguen los cuerpos para darles sepultura, para cerrar este dolor”, dijo uno de los parientes a medios locales. La espera se mezcla con la exigencia de justicia. Algunos de los nombres en espera pertenecen a los hermanos Inga, quienes también trabajaban como agentes de seguridad en la empresa R&R
El caso ha generado indignación en diversos sectores del país. Las voces desde las zonas afectadas coinciden en que es necesario mayor presencia del Estado, no solo para investigar los crímenes, sino para evitar que tragedias como esta se repitan. Mientras tanto, los cuerpos sin identificar siguen en la cámara fría de Trujillo, aguardando que la ciencia logre lo que el tiempo y la violencia impidieron.
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