Microfinancieras exigen derogatoria de ley que vulnera su tolerancia al riesgo y desplaza a mypes al financiamiento informal

El sistema microfinanciero en el Perú recibe un nuevo golpe tras la promulgación de la Ley N.º 32294, que obliga a las entidades financieras a justificar las razones por las cuales niegan créditos a sus clientes. Según denunció Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), esta normativa no solo dificulta la colocación de créditos entre las micro y pequeñas empresas (mypes), sino que también podría empujar a los emprendedores hacia el financiamiento informal, conocido como “gota a gota”. Solís hizo este llamado desde el evento SIM Huancayo 2025, donde pidió la derogatoria inmediata de la ley.

La norma en cuestión, que modifica la Ley 28587, complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, ha generado un amplio rechazo por parte de diversas instituciones, como la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A pesar de estas objeciones, el Congreso aprobó la ley por insistencia, lo que, según Solís, evidencia un desconocimiento del funcionamiento del sistema financiero en el país.

Impacto en las microfinanzas y los emprendedores

Solís destacó que las microfinancieras, que incluyen cajas municipales, cajas rurales y financieras, además de Mibanco, el único banco especializado en este sector, son el principal soporte financiero para los emprendedores y microempresarios del país. Según explicó, estas entidades atienden a la base de la pirámide económica, un sector que representa el 75% de la economía no registrada en estadísticas oficiales y el 80% de la población informal. Este grupo busca oportunidades para mejorar su calidad de vida a través de créditos accesibles, un servicio que las microfinancieras han ofrecido durante décadas.

Sin embargo, la nueva ley introduce una presión adicional al exigir que las entidades expliquen las razones detrás de la negativa de un crédito. Según Solís, esto podría generar percepciones de discriminación entre los clientes, quienes podrían iniciar acciones legales infundadas contra las instituciones financieras. Este riesgo legal, sumado a los altos niveles de incertidumbre que ya enfrentan las microfinancieras al trabajar con sectores vulnerables, podría desincentivar la colocación de créditos.

Riesgos asociados al financiamiento informal

El presidente de la Fepcmac advirtió que las restricciones impuestas por la ley, que terminan minando el “apetito financiero y la tolerancia al riesgo” de las entidades perjudicadas, podrían tener consecuencias graves para los emprendedores. Al limitar el acceso al crédito formal, muchas personas podrían recurrir al financiamiento informal, conocido como “gota a gota”, un sistema que, según Solís, está vinculado a la extorsión, la delincuencia y el sicariato. Este tipo de financiamiento, caracterizado por tasas de interés exorbitantes y prácticas coercitivas, pone en riesgo tanto a las familias como a los pequeños negocios.

Solís subrayó que las microfinancieras ya enfrentan desafíos significativos al trabajar con sectores expuestos a riesgos como el cambio climático -como los pequeños agricultores-, que puede afectar la capacidad de repago de los clientes. Ejemplos recientes incluyen los impactos del Fenómeno del Niño y la pandemia de COVID-19, que dejaron a muchos emprendedores en situaciones financieras críticas. La nueva ley, según Solís, solo agravaría estas dificultades al imponer sobrecostos administrativos y legales a las entidades financieras.

Sobrecostos y competencia en el sistema financiero

Otro de los puntos críticos señalados por Solís es el impacto económico que la ley tendría sobre las microfinancieras. La obligación de emitir respuestas detalladas a cada cliente cuya solicitud de crédito sea rechazada generaría sobrecostos operativos para las entidades, lo que podría traducirse en un endurecimiento de las condiciones crediticias. Esto afectaría directamente a un sector que ya es considerado de alto riesgo.

En el Perú, el ecosistema microfinanciero, explicó, está compuesto por más de 34 entidades supervisadas y cerca de 200 cooperativas, según detalló Solís. Las cajas municipales, en particular, concentran más del 50 % de la cartera de créditos a mypes. En este contexto, el presidente de la Fepcmac instó a los usuarios a aprovechar la competencia entre las distintas entidades financieras en caso de que su solicitud de crédito sea rechazada, en lugar de recurrir al financiamiento informal.

Un nuevo golpe para el ecosistema microfinanciero del Perú

La aprobación de la Ley N.º 32294 ha generado un rechazo unánime entre las principales instituciones financieras del país. Según Solís, esta normativa restringe la libertad de las entidades para calificar y determinar las tasas de interés y la colocación de créditos en función de su tolerancia al riesgo. Además, señaló que la ley afecta tanto a las microfinancieras como a los bancos, complicando aún más el acceso al crédito formal.

Anteriormente, las microfinancieras del Perú también había sido afectadas por la publicación de la denominada “Ley antiusura”, que colocaba topes a las tasas de interés de las entidades financieras formales del país, pero que en la práctica orillaba a bancos, cajas y financieras a dejar de considerar a un amplio número de clientes riesgosos, según la SBS. Los créditos a los que luego recurrían en el mercado informal podían alcanzar el 1.000% de interés anual.

“Cada vez que el sistema microfinanciero se ve presionado, se endurecen las condiciones para otorgar créditos o se elevan las tasas de interés, dejando a muchas personas fuera del sistema financiero formal”, advirtió.

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