Mañana martes 22 de abril de 2025, once defensores ambientales de la provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac, conocerán la sentencia definitiva en un proceso judicial que ha generado controversia durante más de una década. Los acusados participaron en protestas contra el proyecto minero Las Bambas, operado por la empresa MMG, de capital chino, y enfrentan cargos por disturbios, daños agravados y entorpecimiento de servicios públicos. Este caso ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de criminalización de la protesta social en el contexto de conflictos socioambientales.
El conflicto se originó en 2015, cuando la empresa MMG modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero, reemplazando un mineroducto por el transporte terrestre de minerales. Esta decisión incrementó significativamente el tránsito de camiones de alto tonelaje, con un promedio de 370 vehículos diarios recorriendo más de 450 kilómetros hasta el puerto de Matarani. Esta situación ha afectado a 169 comunidades locales, generando contaminación ambiental, ruido y alteraciones en la calidad de vida de los habitantes. Las protestas contra estas condiciones fueron reprimidas violentamente, dejando un saldo de tres fallecidos por impactos de bala: Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca y Alberto Cárdenas Challco.
Las Bambas: un proceso judicial cuestionado por irregularidades y demoras
Tras los enfrentamientos de 2015, tanto el gobierno como la empresa denunciaron a los manifestantes. Aunque inicialmente la Fiscalía descartó acusaciones por asociación ilícita y usurpación agravada, el proceso avanzó con cargos de disturbios, daños agravados y entorpecimiento de servicios públicos. En 2021, se inició el juicio oral contra 15 dirigentes, de los cuales 11 fueron condenados en un adelanto de sentencia emitido en julio de 2024. Esta decisión preliminar, basada en pruebas indirectas, no especificó la responsabilidad de los acusados como autores mediatos, lo que generó cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
La sentencia definitiva, que debía ratificar o modificar el adelanto de sentencia, fue emitida el 3 de octubre de 2024, más de 60 días después de lo estipulado por la ley. Ante esta demora, la defensa presentó una solicitud de anulación del juicio, que fue declarada improcedente. Posteriormente, se interpuso un recurso de apelación que llevó el caso a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Durante las audiencias realizadas en marzo y abril de 2025, los magistrados cuestionaron la falta de sustento en las acusaciones de autoría mediata contra los líderes comunitarios.
Exigencias económicas y tensiones entre las partes involucradas
En el marco del proceso judicial, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior solicitó incrementar la reparación civil de 50.000 a 200.000 soles, argumentando daños y perjuicios al Estado peruano. Sin embargo, esta solicitud fue criticada por la falta de pruebas que respalden las acusaciones. Por su parte, la empresa MMG Las Bambas exige una compensación económica de 88.000 dólares, pese a que su accionar en el caso ha sido señalado como poco diligente.
El proyecto minero Las Bambas, considerado la mayor inversión china en América Latina, ha sido catalogado por organizaciones como el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos como uno de los más conflictivos de la región. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los impactos ambientales derivados del tránsito de camiones han generado una creciente oposición de las comunidades afectadas y de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Conferencia para analizar los resultados de la sentencia
El miércoles 23 de abril, un día después de la lectura de la sentencia, se llevará a cabo una conferencia para analizar los resultados del fallo judicial. El evento contará con la participación del abogado defensor David Velazco, un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un miembro de CooperAcción, una organización que trabaja en temas de justicia ambiental. La conferencia se realizará a las 08:30 a.m. en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ubicada en el jirón José Pezet y Monel 2467, en el distrito de Lince, Lima.
Este caso no solo pone en el centro del debate la criminalización de la protesta social, sino también la relación entre grandes proyectos extractivos y las comunidades locales. La sentencia que se emitirá este martes podría sentar un precedente importante en la gestión de conflictos socioambientales en el Perú y en la región.
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