Congreso: Proponen que profesores de los COAR se incorporen a la Carrera Pública Magisterial

El congresista Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley 10877 donde propone incorporar a los profesores de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), que estén bajo contrato CAS a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial.

La normativa también busca eliminar progresivamente el régimen de Contrato Administrativo de Servicios, establecido en la Ley 29849. El parlamentario presenta, además, una serie de requisitos que deben cumplir los maestros. Estos son:

• Haber ingresado mediante proceso de selección por concurso público de méritos.
• A la fecha de promulgación de la ley, se deben encontrar laborando bajo la modalidad CAS a plazo indeterminado.
• Haber adquirido la condición de contratado indeterminado en mérito a la Ley 3113.

De llegarse a aprobar la medida, la incorporación se realizará de forma única desde el 1 de enero del 2026. En cuanto al financiamiento, los fondos saldrán del presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu), por lo que no se requerirían montos adicionales del Tesoro Público, que ya están destinados a materiales, infraestructura u otros insumos para la prestación del servicio educativo.

Por otra parte, el titular del Mindeu será el responsable de la implementación del proceso. Para ello, el ministro o ministra designará a los miembros de la comisión de incorporación, la cual tendrá dos representantes y será presidida por el responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Adicionalmente, la cartera deberá dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de la Ley, dentro de 60 días de su entrada en vigencia.

Cruz Mamani aclara que en la institución el régimen CAS ha sido empleado de forma recurrente para cubrir funciones permanentes, “generando una gran desigualdad de derechos laborales entre los docentes del sector público”. En ese sentido, si se llega a incorporar a 890 (0.21%) docentes, dice el legislador, se garantizarían derechos laborales y se promoverían “condiciones más justas y equitativas”.

“La exigencia para formar parte del equipo docente de los COAR radica en su misión de brindar una educación de excelencia a estudiantes con altas capacidades académicas, lo que demanda un perfil docente altamente especializado y comprometido con la innovación pedagógica y el acompañamiento personalizad”, añade el parlamentario.

Proponen restituir a profesores

Un proyecto de ley del legislador Paul Gutierrez, de la bancada del Bloque Magisterial, propone restituir a los profesores que, luego de enfrentar procesos judiciales, fueron declarados inocentes. Contempla, además, el reconocimiento de sus derechos laborales, el pago de una indemnización por daño moral y la eliminación de cualquier sanción administrativa que se les haya impuesto durante el proceso judicial.

De acuerdo con el texto del proyecto 10758, esta medida beneficiaría a los maestros que trabajan en los niveles de educación básica, alternativa o superior en todo el país. También se establece que, en caso de no ser posible la restitución en el mismo puesto que ocupaban antes del proceso judicial, se garantizará su reubicación en una plaza de características similares dentro de la misma Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

El documento, incluye, asimismo, disposiciones específicas para garantizar que los docentes afectados reciban una compensación económica por el tiempo en que estuvieron separados de sus funciones. La indemnización por daño moral considerará tanto el perjuicio económico como el impacto personal que sufrieron los maestros durante el tiempo que estuvieron fuera de sus cargos. Este monto, así como el procedimiento para su cálculo, será definido en el reglamento de la ley.

La propuesta subraya que los beneficiarios serán únicamente aquellos docentes que hayan sido declarados inocentes mediante una resolución con calidad de cosa juzgada. Esto significa que el fallo judicial debe ser definitivo y no estar sujeto a apelaciones. Además, se excluye de este beneficio a quienes hayan recibido sentencias firmes que incluyan penas de cárcel o penas suspendidas.