El fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, permanecerá apartado preventivamente de sus labores como fiscal por 6 meses. Así lo dispuso la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que lidera el turbio Juan Fernández Jerí el último lunes 7 de abril.
La decisión de la ANC del Ministerio Público puede ser apelada, pero ello no suspenderá la ejecución de la medida de apartamiento preventivo del cargo contra Pérez.
El fiscal provincial es separado temporalmente de la Fiscalía en un contexto en el que se van conociendo detalles de un audio entre Fernández Jerí y el exabogado de Fuerza Popular, Christian Salas, donde el último solicitaría la suspensión de Pérez.
La medida también coincide con una serie de reveses para el Equipo Especial Lava Jato, siendo el último la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori por lavado de activos en el caso Cócteles. Justamente, uno de estos reveses se relaciona con la suspensión preventiva de José Domingo Pérez. Se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del abogado Arsenio Oré Guardia.
Los argumentos para apartar a José Domingo Pérez
El cargo que se le atribuye al fiscal José Domingo Pérez es “haber actuado en un proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré Guardia, en la investigación 55-2017, como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia”.
Ello, dice la ANC, pese a que “el supuesto hecho habría sido incurrido dentro de la investigación que ya se venía conociendo con antelación, situación de la que debió haber previsto inhibirse del mismo, a pesar de habérsele solicitado, empero aun así continuó avocándose al caso por un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses”.
A partir de los elementos de convicción, incluida la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré, el órgano de control concluye que hay fundadas y razonables piezas para suponer que el fiscal habría incurrido en falta disciplinaria e incumplido “su deber de perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso”.
En su descargo ante la ANC, José Domingo Pérez indicó que, hasta antes del fallo del TC, era “imposible” que supiera que estaba impedido de investigar a Arsenio Oré. Sin embargo, esto no fue de recibo del órgano de control.
“Se advierte un desconocimiento del fiscal cuestionado respecto a los dispositivos normativos contenidos en el Código Procesal Penal, relacionados al apartamiento (inciso 4 del artículo 61) por la concurrencia de una causal de inhibición jurisdiccional (artículo 53), así como, teniendo en consideración que ya se le había solicitado tal inhibición y que evidentemente tendría interés en la investigación seguida por el delito de obstrucción a la justicia, porque él estaba realizando la investigación en la que se habría estado efectuando dicha obstrucción, algo que afectaría su independencia y objetividad, decidió actuar en el proceso”, se lee en la resolución.
La ANC sostiene que el apartamiento preventivo del cargo sobre José Domingo Pérez se justifica en “la gravedad de los hechos que se le imputan” y “la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria”, así como “el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público”.
La medida, alega el órgano de control, “neutraliza que pueda existir una eventual reiteración de las conductas imputadas” y evitará, continúa, que la imagen del Ministerio Público se vea afectada.
¿José Domingo Pérez podría ser destituido?
Sí, el fiscal José Domingo Pérez podría ser destituido debido a que el hecho imputado califica como una falta muy grave, que se sanciona con hasta 6 meses de suspensión o destitución.
En caso de que la ANC del Ministerio Público concluya que a Pérez se le debe imponer la sanción de destitución, el informe es enviado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que determine si procede o no dicha penalidad.
Impedido de ingresar a la Fiscalía
El fiscal José Domingo Pérez relató que al intentar ingresar a la sede de la Fiscalía, se encontró con un documento emitido por la ANC, liderada por Antonio Fernández Jerí, que instruía al personal de se|guridad a denegarle el acceso. Este oficio, según Pérez, establece que cualquier ingreso a las instalaciones debe ser previamente autorizado por la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima y posteriormente validado por la Autoridad Nacional de Control.
“Quiero dejar en claro: el fiscal no es el criminal. Quienes son investigados por delitos son aquellas personas sobre las cuales debemos adoptar medidas preventivas, como el señor Fernández Jerí”, declaró Pérez, según consignó Infobae. El fiscal insistió en que esta situación representa un trato arbitrario y una falta de respeto hacia su labor, además de dificultar el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas tras su suspensión.
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