El robo de cables de telecomunicaciones en Trujillo alcanzó niveles alarmantes, afectando a miles de ciudadanos y comprometiendo la estabilidad de los servicios públicos. Un reciente fallo judicial por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Trujillo sienta un precedente en la lucha contra este delito: Jorge Andrés Estrada Estrada, de nacionalidad colombiana y con un historial delictivo que incluye tres capturas previas, fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión efectiva.
El delincuente fue detenido en flagrancia la madrugada del 22 de marzo en la avenida Túpac Amaru, junto con René Josué Carbajal Graterol, de nacionalidad venezolana. Ambos habían sustraído 95 metros de cable, dejando sin servicio a 240 familias. Sin embargo, mientras Estrada recibió una condena firme, su cómplice obtuvo una pena suspendida.
Este veredicto envía un mensaje de tolerancia cero ante un crimen que perjudica a toda la comunidad y refuerza la necesidad de medidas más estrictas para frenar estos actos vandálicos.
El robo de cables no solo afecta a usuarios residenciales, sino que también impacta en el funcionamiento de hospitales, comisarías, estaciones de bomberos y otras entidades esenciales. Además de interrumpir servicios, los delincuentes suelen dejar expuestas cámaras subterrráneas, generando riesgos para transeúntes y vehículos.
Incremento de los casos de robo de cables
Desde 2024, Trujillo registó más de 550 casos de robo y vandalismo contra redes de telecomunicaciones, incluyendo fibra óptica. Esta situación ha generado pérdidas significativas para las empresas operadoras y afectaciones directas a la población. “Este fallo judicial marca un avance relevante en la lucha contra el robo de cables, un delito que afecta gravemente la infraestructura de telecomunicaciones y a miles de usuarios”, declaró Renzo Habich Morales, representante legal de Telefónica del Perú.
La problemática se extiende a diversas urbanizaciones, donde los vecinos captaron en video a grupos de delincuentes intentando robar cables. En la quinta etapa de la urbanización Santa María, tres individuos fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer material sin temor a sufrir descargas eléctricas. Según testimonios de residentes, esta no sería la primera vez que ocurren hechos similares en la zona.
Falta de medidas preventivas
A pesar de la presencia policial y del serenazgo en Trujillo, los robos continúan al amparo de la falta de medidas disuasivas efectivas. Entre 2024 y 2025, más de 68 mil personas en el país fueron afectadas por el robo de cables y el vandalismo contra redes de fibra óptica. “Esta sentencia refuerza nuestro compromiso de combatir el hurto de cables, un delito que perjudica a miles de usuarios y empresas”, agregó Habich Morales.
Los arrestos en flagrancia han aumentado en los últimos tres años, alcanzando 523 detenciones en 2024. Sin embargo, la falta de prisión preventiva limita la acción policial. A pesar de que la ley establece penas de entre 4 y 8 años de cárcel para estos delitos, solo 11 personas recibieron condenas efectivas entre enero de 2024 y la fecha actual.
El robo de cables genera costos millonarios para las empresas de telecomunicaciones, que deben reponer infraestructura constantemente. Este delito también perjudica el desarrollo económico y la seguridad ciudadana. La falta de conectividad interrumpe la educación a distancia, afecta operaciones comerciales y complica la coordinación de servicios de emergencia.
Vecinos de distintas urbanizaciones exigen mayor vigilancia y sanciones más severas contra los responsables. La percepción de inseguridad se incrementa en sectores donde los robos se repiten con frecuencia. En muchos casos, los delincuentes regresan por el material sustraído después de haber sido descubiertos en el intento inicial.
Desafíos en la lucha contra el robo de cables
La reiterada reincidencia de los delincuentes refleja una problemática estructural en la aplicación de justicia. La falta de prisión preventiva permite que muchos capturados sean liberados rápidamente, lo que fomenta la impunidad. A nivel nacional, el número de arrestos ha aumentado significativamente, pero las condenas efectivas siguen siendo pocas.
Las empresas de telecomunicaciones solicitan un endurecimiento de las penas y mayor coordinación con las autoridades para frenar esta crisis. En tanto, la población sigue siendo la principal afectada, enfrentando cortes de servicio recurrentes y el riesgo de accidentes por cámaras subterráneas abiertas por los delincuentes.
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