Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares del Perú (Anacopri), criticó la falta de planificación y medidas de seguridad por parte del gobierno de Dina Boluarte para el inicio del año escolar 2025, a pesar de las extorsiones que afectan a los colegios privados. Quintanilla detalló que, hasta hace pocos días, las autoridades no contaban con un plan para garantizar la integridad de los estudiantes y los padres de familia.
“En realidad, el Ejecutivo, nuestras autoridades, no tenían un plan de seguridad para el inicio del año académico. Los colegios privados iniciaron el 3 de marzo, muchos el 10, pero para ese momento no contaban con ningún plan de seguridad. Recién estos días han comenzado ellos a querer trabajar”, afirmó el presidente de la asociación en diálogo con Exitosa Noticias.
Quintanilla también comentó que obtuvieron la atención del gobierno debido a la exposición en medios de comunicación del caso del Colegio San Vicente de Comas, que recibió al menos dos atentados con dinamita en menos de una semana. “Si no se hubiera hecho mediático lo que pasó en ese colegio, nunca nos hubieran llamado a la reunión. Lo que han estado esperando es que haya un muerto para que nos puedan llamar a la reunión. Esa es la verdad.”, lamentó.
“Cuando uno va a la comisaría, dicen: ‘¿Pruebas? No, no tengo pruebas’. Entonces, señor, ¿sabes qué? Necesito un muerto para que haya pruebas. No esperemos hechos lamentables de un niño, de un padre de familia, de un profesor muerto por un extorsionador para que le presten atención y tomen cartas en el asunto”, añadió.
El plan del gobierno
Quintanilla dio detalles también sobre la conversación que finalmente tuvieron los dueños de colegios privados con representantes del gobierno el último 11 de marzo. Según destacó, se busco desde octubre establecer el diálogo con las autoridades, pero recién se obtuvo respuesta. “Nos reunimos con el ministro del interior, el viceministro, la viceministra de Educación y los altos mandos de la Policía. Al menos se vio reflejada la voluntad del Estado de apoyar esta causa”, indicó.
Según detalló, el gobierno ha anunciado un proyecto que involucra la colocación de cámaras de videovigilancia a la que la Policía pueda tener acceso desde sus comisarías. También, han señalado que contarán con la colaboración de los municipios para que los policías visiten cada colegio y firmen un registro de asistencia durante los horarios de entrada y salida de clases.
No obstante, Quintanilla expresó dudas sobre la eficacia de los planes propuestos. “Todavía no hay nada seguro sobre las cámaras de vigilancia ni sobre la cantidad de policías que puedan ser asignados a cada colegio. Todo está en papeles, en intenciones”, manifestó.
Sobre las clases virtuales y la marcha convocada por colegios privados
En respuesta a los comentarios del premier Gustavo Adrianzén, quien sugirió que la marcha organizada por Anacopri podría haberse pactado para otra fecha que no afecte al inicio de las clases, Guido Quintanilla aclaró que no se trataba de una protesta, sino de una solicitud de medidas de seguridad para proteger a los estudiantes y sus familias frente a las extorsiones que enfrentan los colegios privados.
“No estamos haciendo ningún tipo de protesta. Lo que nosotros, los colegios privados, estamos haciendo es querer velar por la integridad del niño y del padre de familia frente a estas extorsiones que se están viviendo estos días. Ahora, los colegios privados, los promotores, no están pidiendo que se hagan clases virtuales. Los papás son los que están pidiendo por la seguridad de sus propios hijos”, mencionó Quintanilla.
Con 2.5 millones de estudiantes y más de 17 mil colegios privados a nivel nacional, Quintanilla destacó la magnitud del problema y la urgencia de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes. “Es necesario que el gobierno tome decisiones concretas. No podemos seguir viviendo con este riesgo”, concluyó.
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