La inseguridad ciudadana es uno de los mayores desafíos en La Libertad, donde la victimización ha alcanzado su punto más alto en seis años. Entre 2019 y 2024, las denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes se cuadruplicaron, convirtiéndola en la región con el mayor número de casos a nivel nacional. Además, el 88.7% de la población percibe un alto nivel de inseguridad, la cifra más elevada entre las regiones del norte. A pesar de este escenario, el presupuesto para orden público y seguridad este año se redujo en un 33% en términos reales en comparación con el año anterior.
Aumento de la criminalidad
La creciente inseguridad afecta la vida de los ciudadanos y frena el desarrollo económico, elevando los costos de seguridad para las empresas y reduciendo la confianza empresarial. Durante el primer semestre del 2024, la tasa de victimización se ubicó en 24.6%, la segunda más alta en el norte después de Piura (27.7%). El pesimismo sobre la inseguridad también ha crecido, el 88.7% de los liberteños cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, cifra que supera el promedio nacional de 86.1%. Este temor estaría vinculado al aumento de delitos como homicidios, extorsiones, sicariatos, secuestros, además de la expansión de economías ilegales.
El problema se intensifica con las extorsiones. Según la Policía, en 2024 La Libertad registró 246 denuncias por extorsión por cada 100,000 habitantes, cifra cuatro veces mayor que la registrada en 2019 (63) y la más alta a nivel nacional (49). Además, el Sistema Nacional de Defunciones reportó una tasa de homicidios de 10 por cada 100,000 habitantes, en comparación con 7 en la primera mitad de 2019, ubicando a la región en el tercer lugar a nivel nacional, solo detrás de Madre de Dios y Tumbes.
Desafíos de gestión
La gestión de la seguridad en La Libertad enfrenta serios desafíos. Aunque el estado de emergencia, declarado en febrero de 2024, buscaba combatir la violencia y la minería ilegal con la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, tras más de un año, las cifras de extorsión se han cuadruplicado, evidenciando la ineficacia de las medidas implementadas.
Además, se observa una menor prioridad de gasto. El presupuesto del Ministerio del Interior asignado a la región ha caído 43% en términos reales respecto a niveles prepandemia. Por su parte, el presupuesto en orden y seguridad destinados a La Libertad en los tres niveles cayó 33% en 2025 respecto a lo destinado en 2024. Asimismo, el Gobierno Regional destinó solo S/ 32.5 millones a la adquisición de vehículos de patrullaje en 2024, muy por debajo del compromiso de S/ 150 millones estipulado en el plan de gobierno para el periodo 2023–2026, que preveía reforzar la seguridad ciudadana mediante la compra de vehículos de vigilancia, drones y un helicóptero para la persecución delictiva. Esta ineficiencia en el gasto en seguridad se agrava al considerar el deficiente estado de la infraestructura policial. En 2023, ninguna comisaría de La Libertad contaba con equipo GPS, solo el 15% disponía de radio portátil (frente al 18% nacional) y apenas el 68% tenía computadoras, en comparación con el 86% a nivel nacional.
Desafíos y perspectivas
Es fundamental que el Estado asigne mayores recursos y defina lineamientos claros para reducir la criminalidad. Asimismo, es fundamental fortalecer la presencia policial con mejor equipamiento y estrategias de inteligencia para desarticular redes criminales. Además, el incremento del presupuesto en seguridad debe ser una prioridad, asegurando su uso eficiente y focalizado en las zonas de mayor incidencia delictiva. En esa línea, se debe aprovechar una mayor cooperación entre el sector público y privado, como las Obras por Impuestos o las Asociaciones Público-Privadas, para combatir la criminalidad en mejores condiciones.
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