¿Congreso impulsa segunda Ley Antiforestal?: proyecto de Fuerza Popular podría ampliar la deforestación en la Amazonía

En el Congreso de la República se ha presentado el Proyecto de Ley N.º 9653/2024-CR, iniciativa respaldada por miembros de la bancada de Fuerza Popular. Este proyecto, titulado “Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía”, plantea profundizar aspectos similares a la controvertida Ley Antiforestal, actualmente cuestionada por una demanda de inconstitucionalidad pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional (TC). Las propuestas legislativas han generado preocupación al compartir un objetivo común: regularizar actividades agrícolas en zonas designadas como de aptitud forestal y permitir, en la práctica, la expansión de la deforestación en la región amazónica.

La iniciativa del nuevo proyecto tiene como propósito, según el Artículo 1 del documento, establecer “medidas de promoción para un desarrollo agrario sostenible, inclusivo y competitivo en la Amazonía”. Sin embargo, la mención explícita de actividades previas al 31 de diciembre de 2020, y su enfoque en la formalización y adecuación ambiental de dichas actividades, ha desatado críticas por el riesgo latente de legitimación de la deforestación pasada.

La propuesta excluye áreas protegidas, territorios indígenas y zonas concesionadas para actividades legales, como los bosques de producción permanente. No obstante, flexibiliza procesos de formalización en zonas clasificadas como de aptitud forestal, lo que podría alentar la ocupación ilegal de nuevos territorios con la expectativa de futuras regularizaciones.

Fuerza Popular, los promotores

La iniciativa cuenta con la firma de congresistas de Fuerza Popular, incluyendo a Jeny Luz López Morales (proponente principal), Raúl Flores Ruiz, Nilza Merly Chunga, Tania Estefany Ramírez, Eduardo Enrique Castillo Rivas, y otros coautores. El articulado establece beneficios para productores agrícolas que inscriban sus terrenos en un registro administrativo manejado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Entre los incentivos se destacan el acceso prioritario a procesos de titulación y la posibilidad de obtener permisos ambientales mediante aprobaciones automáticas sujetas a control posterior.

El “Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles” (REPAAS), que forma parte del articulado, ofrece regularizar actividades incluso si no se cumplió con disponer de reservas forestales mínimas del 30% en los predios afectados. Además, otorga un plazo de hasta cinco años para compensar áreas deforestadas mediante reforestación o iniciativas agroforestales.

• Facilidades administrativas cuestionables: La inscripción automática en el REPAAS, que incluye revisiones posteriores, suscita preocupaciones respecto a la capacidad logística y técnica del Estado para verificar la legalidad de las actividades registradas. Este procedimiento podría abrir espacio para validar ocupaciones irregulares o expandidas tras la fecha límite de diciembre de 2020.
• Promoción de usos incompatibles: A pesar de prever zonas diferenciadas—forestales y agropecuarias—, la creación de esquemas que permitan actividades productivas dentro de áreas de bosque degrada los compromisos de conservación ambiental.
• Impactos acumulativos con la Ley 31973: Activistas ambientales y especialistas han advertido cómo, en conjunto, estas normas podrían debilitar las directrices existentes sobre ordenamiento territorial y gestión sostenible de los recursos amazónicos, incrementando la presión sobre ecosistemas vulnerables.

TC aún no responde al pedido de inconstitucionalidad de la Ley Antiforestal

El movimiento ecologista del Perú alertó del nuevo Proyecto 9653/2024-CR. Algunos expertos sostienen que se está legislando en favor de intereses particulares vinculados a grandes actividades agrícolas y pecuarias, lo que amenaza a comunidades indígenas y contribuye al deterioro ambiental. El reciente aumento de incendios forestales y pérdida de cobertura boscosa en el país ha intensificado las alertas respecto al impacto de políticas públicas insuficientemente sostenibles.

Además, preocupa que el Tribunal Constitucional simplemente no se ha pronunciado aún sobre la demanda contra la Ley 31973. Este silencio crea un escenario incierto en el que nuevas iniciativas legislativas parecen replicar o incluso ampliar los efectos polémicos de la norma previa.

Dilemas a futuro

Perú enfrenta importantes desafíos socioeconómicos en la Amazonía, que exigen intervenciones estratégicas y sostenibles. Sin embargo, las leyes propuestas sugieren un modelo de desarrollo que prioriza intereses económicos sobre la conservación de recursos naturales. En un contexto de acelerada crisis climática, estas propuestas podrían socavar irreversiblemente los esfuerzos para proteger el mayor bosque tropical del país y cumplir con compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático.

La discusión y aprobación de estas leyes en el Congreso pone en debate el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, un dilema cuya resolución tendrá profundas implicancias para el futuro ambiental y social de la región amazónica. Mientras tanto, la atención se centra en la responsabilidad del TC y de los organismos de control para frenar políticas que podrían allanar el camino al colapso ecológico en una de las áreas más ricas en biodiversidad del planeta.