El Ministerio Público formalizó la acusación contra el expresidente Ollanta Humala en el marco del caso ‘Club de la Construcción’, un esquema de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su mandato (2011-2016). La Fiscalía ha solicitado 13 años de prisión efectiva para el exmandatario por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. La medida también alcanza a su esposa, Nadine Heredia, a otros 28 investigados y a 14 empresas.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, presentó la acusación formal en conferencia de prensa, detallando que la investigación abarca un esquema de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), empresarios y diversas compañías constructoras.
En total, el caso comprende 30 procesos de selección para la ejecución de obras públicas, de los cuales 23 fueron licitaciones y siete concursos públicos. Según la tesis fiscal, los implicados habrían diseñado un sistema que garantizaba la asignación de contratos a determinadas empresas, alterando el proceso de competencia y favoreciendo a un grupo selecto de compañías.
Además de Ollanta Humala y Nadine Heredia, en la lista de acusados figuran exfuncionarios del MTC y empresarios del sector construcción. Se espera que el proceso avance a las siguientes fases judiciales para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.
Delitos imputados
El Ministerio Público solicitó 13 años de prisión para Ollanta Humala por los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir. En el caso de Nadine Heredia, la pena solicitada asciende a 26 años y medio de prisión, ya que también se le imputa el delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Además, el fiscal Juárez pidiaró diferentes penas de prisión para los otros 28 acusados, entre quienes se encuentran empresarios y exfuncionarios. En el caso de las 14 empresas implicadas, la Fiscalía ha pedido sanciones económicas y la posible inhabilitación para participar en contrataciones públicas.
Club de la Construcción
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el denominado ‘Club de la Construcción’ era un grupo de empresas que, en presunta complicidad con funcionarios públicos, se habría repartido de manera irregular diversos proyectos de infraestructura a cambio de pagos ilícitos.
El esquema se basaba en la manipulación de procesos de selección de obras públicas. Las empresas implicadas habrían acordado entre sí quién ganaría cada licitación, mientras que las demás simulaban competir. A cambio, se habrían realizado presuntos pagos indebidos a funcionarios públicos para garantizar la adjudicación de los proyectos.
Presuntos vínculos con el MTC
La investigación señala que el esquema de corrupción operó entre 2011 y 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. En este período, el MTC habría sido clave en la asignación de obras a las empresas involucradas.
El Equipo Especial Lava Jato sostiene que varios altos funcionarios del MTC facilitaron este esquema, permitiendo que el ‘Club de la Construcción’ se beneficiara con contratos multimillonarios. Los pagos ilícitos habrían sido canalizados a través de intermediarios y cuentas bancarias en el extranjero, dificultando el rastreo de los fondos.
Otros procesos judiciales
Esta no es la única investigación en curso contra el expresidente Humala. Actualmente, enfrenta un juicio oral por presuntos aportes ilegales que habría recibido de las empresas brasileñas Odebrecht (hoy Novonor), OAS y del gobierno de Venezuela para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
En este otro caso, la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para el exmandatario y 26 años y medio para Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Este proceso avanza de manera paralela al del ‘Club de la Construcción’, lo que podría agravar la situación judicial de la expareja presidencial.
Declaraciones de la Fiscalía
El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que la acusación contra Humala y los demás implicados está sustentada en pruebas documentales, testimonios y registros financieros que evidenciarían la existencia de un esquema ilícito en la adjudicación de obras.
Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que confían en que la acusación superará todas las etapas de control judicial hasta llegar al juicio oral.
“Se trata de un caso en el que hubo un consorcio ilícito que desnaturalizó la actividad dentro de la construcción pública y que, por supuesto, desnaturalizó el derecho que todo ciudadano tiene de asociarse dentro del respeto de la ley”, declaró en conferencia de prensa.
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