En un contexto marcado por cuestionamientos y tensiones en diversas instituciones del Estado, Mirtha Agustina Razuri Alpiste ha sido designada como Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, simultáneamente, como integrante del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), mediante dos resoluciones supremas oficializadas este 17 de febrero de 2025.
La designación de Razuri Alpiste en el OSCE, organismo técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, se produjo tras la renuncia de Laura Lisset Gutiérrez Gonzales, quien dejó el cargo de Presidenta Ejecutiva. La salida de Gutiérrez fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 011-2025-EF. Hasta entoncs, había ejercido funciones como gerenta general del Oficina de Normalización Previsional (ONP) desde el 27 de marzo de 2023.
Por su parte, la incorporación de Razuri Alpiste al OSIPTEL se dio junto a la de otros dos nuevos directivos: Iván Marko Lucich Larrauri y Raúl Marco García Loli, designados mediante las resoluciones supremas N.º 030-2025-PCM y N.º 029-2025-PCM, respectivamente. Estas designaciones llegan en medio de la controversia por el retorno resistido a la institución de su expresidente, Rafael Eduardo Muente Schwarz.
El contexto político y los vínculos personales de Razuri Alpiste
Mirtha Razuri se registró, en su declaración jurada de intereses de 2024 (mientras se encontraba en la ONP), como conviviente de Erick Fernando Caso Giraldo, actual jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior (Mininter), liderado por el actual ministro Juan José Santiváñez en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Caso Giraldo llegó al gabinete de asesores de Santiváñez en octubre pasado. Hasta entonces, se desempeñaba como “abogado independiente” -según la declaración presentada opr Rázuri-, luego de estar entre febrero y mayo del 2024 como ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARE).
Infobae Perú accedió a la declaración jurada de intereses presentada por Caso Giraldo en octubre del 2024, cuando ingresó al Mininter como jefe del gabinete de asesores. Ni su lista de familiares, ni en el detalle relacionado con “otra información relevante”, aparece mención a Mirtha Razuri como su conviviente pese a que para ese entonces ella ya era gereta general de la ONP.
El Ministerio del Interior ha estado también en el centro de la polémica por la compra de más de 7.000 fusiles sin licitación, una adquisición que habría costado 27,3 millones de dólares, de acuedo a una investigación del periodista Ángel Páez de La República.
Este proceso, realizado bajo el amparo de la Ley N.º 31684, que obliga a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú a adquirir equipamiento de defensa a través de la empresa estatal FAME, ha sido señalado por la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades. La normativa habría sido utilizada para evitar procesos de licitación y concursos de precios, lo que ha generado críticas sobre la transparencia de estas operaciones.
El caso Rafael Muente y las tensiones en OSIPTEL
La designación de Razuri Alpiste en el OSIPTEL ocurre en medio de una controversia relacionada con el retorno de Rafael Muente, expresidente ejecutivo de la entidad. Según reportó Infobae Perú, una resolución del Tribunal de Servir anuló la sanción y el proceso disciplinario que se le había impuesto, ordenando su reincorporación al cargo. Sin embargo, el 17 de febrero de 2025, cuando Muente intentó reasumir sus funciones, se le impidió el ingreso a las oficinas de OSIPTEL.
Muente denunció públicamente que los funcionarios Ferrer Anívar Rodríguez y Luis Alberto Arequipeño, quienes ocupaban la presidencia y la gerencia general del organismo, respectivamente, le informaron que no habían recibido comunicación oficial de la PCM sobre la resolución del Tribunal de Servir. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el liderazgo en OSIPTEL y ha puesto en el foco la reciente designación de nuevos directivos, incluida Razuri Alpiste.
Controversias legales y gastos en defensa en el Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior también ha sido objeto de críticas por decisiones relacionadas con la defensa legal de funcionarios involucrados en casos judiciales. La institución aprobó el desembolso de 50.000 soles para cubrir los honorarios del abogado del comandante Raúl Prado Ravines, condenado a 35 años de prisión por su participación en el caso conocido como “Escuadrón de la Muerte”. Prado Ravines fue hallado culpable de homicidio calificado en un operativo falso que resultó en la muerte de cuatro ciudadanos en Piura.
Además, en agosto de 2024, el OSCE contrató al Estudio Caro y Asociados por 120.000 soles para asumir la defensa del ministro Juan José Santiváñez en una acusación por presunto abuso de poder. Para septiembre, lo vuelve a contratar por 150.000 para defender al ministro en un caso que involucra al periodista Marco Sifuentes
Este caso se relaciona con una investigación interna iniciada contra el capitán Junior Izquierdo, de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien habría filtrado audios que implicaban a Santiváñez en un caso de uso indebido de su cargo.
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