La investigación sobre el asesinato del excongresista Óscar Eliseo Medelius Rodríguez continúa en desarrollo, y las autoridades han descartado que se trate de un crimen por razones políticas, según informó el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.
“Están planteadas las hipótesis, pero el asesinato no va por cuestiones políticas”, afirmó en declaraciones a Radio Nacional. Agregó que el caso está en una fase avanzada y que se espera que el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informen sobre los avances en las próximas semanas.
Arriola también señaló que este crimen genera un precedente en torno a las relaciones personales y empresariales de las víctimas. “La investigación del caso Medelius va a hacer que las personas reflexionen sobre sus relaciones empresariales, familiares y sociales”, sostuvo.
Hipótesis en torno al crimen
Las primeras indagaciones han revelado posibles vínculos de Medelius con bandas criminales, lo que abre la hipótesis de un ajuste de cuentas. De acuerdo con informes preliminares, uno de los acompañantes del excongresista al momento del ataque, Juan Miguel Huidobro García, tenía antecedentes penales y conexiones con grupos delictivos.
Asimismo, se investiga la presunta relación de Medelius con Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, cabecilla de una organización criminal. Según fuentes policiales, ‘Caracol’ habría contratado al excongresista para gestionar su liberación del penal de Challapalca, pero al no obtener resultados, podría haber ordenado su asesinato.
El caso también ha reavivado el debate sobre la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en el país. Analistas han señalado que los recientes cambios en la legislación, que limitan la detención preliminar, dificultan la captura de sicarios y podrían afectar la investigación en curso.
Extorsiones y el papel de las operadoras
En otro momento, Arriola abordó el aumento de las extorsiones en el país y la necesidad de mayor compromiso por parte de las operadoras telefónicas para frenar este delito.
El jefe policial reveló que las investigaciones han detectado que, en algunos casos, los delincuentes han logrado operar con hasta 1.285 chips en un solo teléfono, lo que les permite evadir el rastreo de las autoridades. “Con un solo equipo telefónico operaban hasta con 1.285 chips”, precisó.
Para enfrentar esta problemática, señaló que es urgente que las operadoras de telefonía cumplan con realizar el denominado “apagón telefónico”, una medida que permitiría bloquear dispositivos usados en delitos de extorsión. Según reveló, la presidenta Dina Boluarte sostuvo hace tres meses una reunión con las operadoras para coordinar esta acción, pero hasta el momento no se ha ejecutado. “Hasta ahora no se ha producido el apagón. Con eso se minimizaría el número de denuncias”, advirtió.
Arriola enfatizó que las empresas de telefonía deben colaborar con las autoridades proporcionando información clave sobre las líneas usadas en delitos. “Un teléfono que llama para extorsionar inmediatamente tiene que ser apagado. Las empresas deben entregar a las autoridades seis meses de récord telefónico y el número de chips que ingresaron a ese equipo”, explicó.
El jefe policial también destacó que la rapidez en la denuncia es un factor crucial para combatir la extorsión y lograr detenciones. “Las denuncias son los insumos para hacer frente a este delito, por eso la acción tiene que ser muy rápida. Gracias a ello, se han hecho detenciones”, señaló.
Acción legal contra Harvey Colchado
Finalmente, Arriola anunció que presentará una carta notarial contra el coronel en retiro Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), exigiéndole que sustente sus denuncias sobre presuntas irregularidades en los ascensos dentro de la PNP.
El alto mando policial cuestionó que Colchado haya realizado señalamientos sin pruebas concretas y defendió la honorabilidad de la institución.
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