A partir del lunes 3 de febrero, los beneficiarios del programa Pensión 65, administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), podrán acceder al cobro de su subvención económica correspondiente al primer padrón del año 2025, que abarca los meses de enero y febrero. Según informó el programa, el monto de S/250 estará disponible para los más de 824 mil adultos mayores inscritos en los 24 departamentos del país. Los pagos podrán realizarse en cualquier agente Multired, cajero automático o agencia del Banco de la Nación (BN).
De acuerdo con declaraciones de Julio Mendigure, director ejecutivo de Pensión 65, más de 670 mil usuarios ya cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que facilita el acceso a los fondos de manera más rápida y segura. Este avance busca reducir las aglomeraciones en las agencias bancarias, un problema recurrente en el pasado. Mendigure destacó que este sistema de modernización del cobro ha sido implementado progresivamente en las regiones con mayor número de beneficiarios.
Cajamarca y Lima lideran en número de beneficiarios
El programa Pensión 65 tiene una amplia cobertura en todo el país, pero los departamentos con mayor cantidad de usuarios son Cajamarca, con 90.347 beneficiarios, y Lima, con 73.088 inscritos. Estas cifras reflejan la alta demanda del programa en estas regiones, donde la población adulta mayor en situación de pobreza extrema es significativa.
Otros departamentos con un elevado número de beneficiarios incluyen Puno (73,020), Piura (64,371), Cusco (58,435), Áncash (48,137), La Libertad (41,950) y Ayacucho (41,348).
El alcance de Pensión 65 se extiende a todas las regiones del país, con cifras que varían según la densidad poblacional y las condiciones socioeconómicas de cada departamento. Entre los departamentos con menor número de beneficiarios se encuentran Madre de Dios (2,575), Moquegua (3,993) y Tacna (4,242). Por otro lado, regiones como Junín (39,703), Loreto (39,518) y Huánuco (37,717) también cuentan con una cantidad significativa de usuarios.
En el caso de San Martín (35,842), Apurímac (33,069) y Huancavelica (29,190), las cifras reflejan la importancia del programa en áreas rurales y de difícil acceso, donde la pobreza extrema afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores. Asimismo, departamentos como Lambayeque (26,758), Amazonas (20,536) y Ucayali (19,322) también forman parte de esta red de apoyo social.
Modernización del sistema de cobro
Según detalló el programa, el proceso de modernización del cobro ha permitido que un número creciente de beneficiarios acceda a sus fondos mediante tarjetas de débito. Este sistema no solo agiliza el retiro del dinero, sino que también reduce los riesgos asociados con el manejo de efectivo. Las regiones que han avanzado más en este proceso de “tarjetización” son Cajamarca, Puno y Piura, que lideran en la implementación de este método.
Durante el año 2024, el programa Pensión 65 logró incorporar a más de 210 mil adultos mayores en situación de pobreza extrema, como parte del Plan de Cierre de Brecha Social. Este plan ha sido una herramienta clave para identificar y registrar a nuevos beneficiarios, especialmente en comunidades rurales y alejadas.
Programa Pensión 65
Pensión 65 es un programa social del Gobierno del Perú creado para brindar una pensión no contributiva a los adultos mayores en situación de pobreza extrema, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Fue lanzado en octubre de 2011 durante el gobierno de Ollanta Humala, en el marco de una política pública orientada a reducir las brechas de exclusión social en el país.
Este programa tiene como beneficiarios a personas mayores de 65 años que no cuenten con ingresos económicos ni pensión alguna. En sus inicios, Pensión 65 tenía una cobertura limitada, beneficiando a cerca de 40,000 adultos mayores. Con los años, su alcance se ha expandido significativamente, priorizando a los pobladores de áreas rurales y en situación de alta vulnerabilidad.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, el programa incrementó su importancia debido a la mayor vulnerabilidad de los beneficiarios. Se implementaron subsidios extraordinarios y se adaptaron los mecanismos de pago para reducir riesgos de contagio.
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