
El gobierno de Dina Boluarte decidió ampliar por 60 días, desde el 31 de enero, el estado de emergencia declarado en 18 distritos y 6 centros poblados de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco. Cabe indicar que en algunas de estas zonas de la sierra sur se concentraron las protestas de fines del 2022 y principios del 2023 que dejaron alrededor de 50 civiles muertos, la mayoría de ellos por disparos de armas de las FF.AA.
Durante este periodo se restringirá o suspenderá el ejercicio de algunos Derechos Constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Además, se dispone que las Fuerzas Armadas estén presentes en los distritos y centros poblados en cuestión con el objetivo de hacer frente al accionar de los grupos hostiles y otras amenazas conexas. La Policía apoyará a las Fuerzas Armadas para cumplir con ese objetivo del gobierno en las zonas.
En las consideraciones, el decreto indica que un “grupo hostil” es a la pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones: “están mínimamente organizados; tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada y por medio de armas de fuego; y participan en las hostilidades o colaboran en su realización”.

Estado de emergencia en la franja del gas de Camisea
También se decidió declarar en emergencia la franja territorial denominada “Eje Energético del Gas de Camisea”, la cual abarca una distancia de 8 kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, desde el Centro Poblado Nuevo Mundo en el distrito de Megantoni (La Convención, Cusco) hasta el distrito de Anco (La Mar, Ayacucho).
La medida se dicta luego de la evaluación efectuada por el Comandante del Comando Especial del Vraem, la cual ha considerado la continuidad de actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos en las zonas declaradas en emergencia.
Zonas en estado de emergencia
En Ayacucho, en la provincia de Huanta, se encontrarán en estado de emergencia los distritos de Ayahuanco, Santillana, Sivia, Llochegua, Canayre, Pucacolpa, Putis. En el caso del distrito de Uchuraccay, solo se considera a los centros poblados de Ccano, Yanamonte y Carhuahuran. En la provincia de La Mar están los distritos de Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena.
En Huancavelica, esta medida regirá en el distrito de Roble, provincia de Tayacaja, y en los centros poblados de Ichucucho (distrito Huachocolpa) y Cochabamba Grande.
En el caso de Cusco, el estado de emergencia se aplicará en los distritos de Pichari, Unión Ashaninka y en el centro poblado Kiteni (distrito de Echarate). Estas zonas se encuentran en la provincia La Convención.
Finalmente, en Junín, el decreto supremo menciona a los distritos de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo, en la provincia de Satipo.

Presupuesto contra protestas aumentó
La llegada de Dina Boluarte a la presidencia también significó un incremento sostenido en el presupuesto público para el rubro “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”.
El presupuesto designado para este rubro por el gobierno de Pedro Castillo fue de 463.8 millones de soles. Sin embargo, el gobierno de la actual mandataria tomó la decisión de aumentar este monto hasta llegar a 543.1 millones de soles solo en el año 2023. Para este el 2024, el monto volvió a aumentar hasta llegar a los 635.1 millones de soles.
Así, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, el monto invertido en el control de protestas sociales aumentó en 171.3 millones de soles, un 36.91 % más que en el año de gobierno del expresidente Pedro Castillo.
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