El Ministerio Público explicó las razones detrás de la denuncia constitucional presentada recientemente contra 11 congresistas, quienes estarían implicados en el presunto favorecimiento indebido para la aprobación de un proyecto de ley que permitió a parlamentarios militares y policías retirados recibir simultáneamente sueldo y pensión sin restricciones.
Víctor Cubas Villanueva, vocero principal de la Fiscalía, detalló en un video difundido en las redes sociales de la entidad que, en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, se presentó un proyecto de ley que permitía la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para desempeñar funciones en tareas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, durante el debate, los miembros de dicha comisión presentaron un texto sustitutorio que eliminaba los límites respecto a la remuneración y pensión que los funcionarios públicos deberían recibir. Además, ampliaron el beneficio a los cesantes y jubilados que se desempeñaran como funcionarios de elección popular.
Según Cubas Villanueva, la denuncia no busca limitar el derecho de los congresistas a presentar proyectos de ley ni afectar su inmunidad parlamentaria, sino esclarecer si existió un conflicto de intereses o un uso indebido del cargo. En este sentido, la Fiscalía subraya que combatir la corrupción y evitar conflictos de intereses son principios fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de una sociedad democrática.
“Con la denuncia no se atenta contra el derecho de los señores congresistas a promover proyectos de ley, tampoco contra la inmunidad parlamentaria. Lo que la denuncia pretende es que haya un claro debate para determinar si hubo conflicto de intereses o uso indebido del cargo”, indica.
Once congresistas denunciados por Fiscalía
La Fiscalía de la Nación presentó recientemente una denuncia ante el Congreso de la República contra once congresistas que fueron miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período 2021-2022. Se les acusa de haber favorecido indebidamente la aprobación de un proyecto de ley que permitió a parlamentarios militares y policías retirados recibir simultáneamente sueldo y pensión sin restricciones.
La denuncia se centra en el dictamen del Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR, aprobado con un texto sustitutorio, que permitió a los congresistas pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional recibir su pensión sin límites mientras ocupaban su cargo como legisladores. Entre los beneficiados figuran Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza. Según la Fiscalía, estos congresistas actuaron en su propio beneficio al impulsar esta normativa.
Tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público por denuncia contra congresistas
La denuncia presentada contra varios congresistas ha desatado un nuevo capítulo de tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público. Ante la acusación, los parlamentarios investigados, junto con otros miembros del Parlamento, han alzado la voz y anunciado que procederán a denunciar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por prevaricato.
La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pidió a Espinoza dar marcha atrás con la medida y aseguró que su bancada está preparando una denuncia por un “atentado flagrante a la Constitución”. En la misma línea, Jorge Montoya, de Honor y Democracia, calificó la denuncia como una persecución política. Alejandro Aguinaga, también de Fuerza Popular, acusó a la fiscal de intentar desviar la atención sobre el incremento de su patrimonio.
Espinoza restó importancia a las críticas de los congresistas involucrados en la denuncia que presentó el Ministerio Público, asegurando que su trabajo y decisiones se basan en la legalidad. En declaraciones a la prensa, afirmó: “No considero que sean ataques, pero son reacciones propias de cualquier investigado, porque todos los fiscales siempre estamos expuestos o decididos a tolerar ese tipo de reacciones”.
Al ser consultada sobre si había tenido algún diálogo con los representantes de las bancadas del Congreso, especialmente después de que algunos congresistas anticiparan la posibilidad de presentar una denuncia constitucional en su contra, la fiscal aclaró: “Nosotros no tenemos que reunirnos ni conversar, porque seguimos haciendo nuestro trabajo. Todo caso que llevamos y terminamos con presentar una denuncia es estrictamente aplicando la ley”.
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