
En 2024, Perú cerró el año con cifras alarmantes en cuanto a la violencia. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa), el país registró más de 2 mil homicidios.
En lo que va de 2025, los números no muestran señales de mejora: solo en enero, se han reportado 123 asesinatos, de acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los crímenes violentos, como extorsiones y secuestros, aumentaron, afectando especialmente a ciudades como Trujillo, Lima y Arequipa, donde las autoridades han declarado estados de emergencia prolongados.
En este contexto, el medio internacional Bloomberg señaló que Perú atraviesa “su peor crisis de seguridad pública en la memoria reciente”, destacando que el país enfrenta una ola de violencia que no solo lo afecta a nivel interno, sino que refleja una problemática regional.
“Altos funcionarios del gobierno culpan a las organizaciones criminales transnacionales por el caos y la violencia que también está sacudiendo a sus vecinos Ecuador y Colombia”, se lee en el mencionado artículo.
En esa línea, citan al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, quien reconoció que “Perú se enfrenta a una ola de delincuencia no vista antes”, pero que no es un problema exclusivo del país, sino de toda la región.
Bloomberg, asimismo, hizo hincapié en que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra en el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en Suiza, en medio de esta ola de violencia sin precedentes.
Desde allá, puntualizaron que la mandataria peruana dijo que tienen “un problema con el crimen organizado y transnacional, que no es propio de Perú sino un problema global”. Estas declaraciones contrastan con los intentos previos del gobierno por minimizar la crisis, argumentando que los niveles de delincuencia estaban bajo control.

“Rara advertencia impopular”
El mencionado medio resaltó la influencia de organizaciones criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, una banda de origen venezolano, y que Perú es conocido como el segundo mayor productor mundial de coca como uno de los principales desafíos para las autoridades y que “resonará con las directivas iniciales del presidente estadounidense Donald Trump”.
“La advertencia se produce poco después de que un ataque con dinamita dañara la fachada de un edificio de la fiscalía en la ciudad peruana de Trujillo, que lleva ya meses bajo estado de emergencia debido a los altos niveles de actividad delictiva”, continúa.

Estas prácticas delictivas afectan tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas, creando un ambiente de inseguridad económica y social, sostienen.
Por último, Bloomberg describe a Boluarte, quien tiene un índice de 5% de aprobación, como “una de las líderes más impopulares del mundo”.
“No ha logrado acallar esas preocupaciones. Sus críticos, incluido el fiscal superior de Perú, la han acusado de debilitar la capacidad del Estado para hacer frente a la delincuencia, al vetar un proyecto de ley destinado a ayudar a agilizar la detención de sospechosos de delitos”, finaliza el artículo.
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