El atentado contra una de las sedes de la Fiscalía de la Nación en Trujillo originó que se dispusiera la salida de los militares con el fin de apoyar a la Policía Nacional en sus acciones frente a la ola de criminalidad. La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que las fuerzas del orden tomarían “el control” de la ciudad.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, reconoció que hasta el momento no se cuenta con ningún “plan estratégico” aprobado por la gestión de Juan José Santiváñez. El titular señaló que se reunió con el jefe de la región de La Libertad, donde se acordó que el 22 de enero por la noche se presentaría dicho plan para su evaluación y autorización.
A pesar de la necesidad de priorizar la intervención frente a los múltiples atentados, el ministro Astudillo no pudo precisar cómo serán las acciones de los militares.
Es decir, el plan de control territorial aún se encuentra en proceso, pero Astudillo reafirmó que la salida de los militares será en acompañamiento de la PNP, quienes continuarán manteniendo el orden interno. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas apoyarán con el patrullaje a pie y los operativos que realicen los agentes.
Alcalde de Trujillo pide toque de queda
El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, pidió al Ejecutivo la implementación de un toque de queda y el equipamiento necesario para combatir la inseguridad ciudadana. Los atentados con explosivos no solo han causado daños materiales, sino que también han sembrado el miedo en todas las zonas.
Por otro lado, señaló que tras este atentado evidencia más presencia policial en varios sectores de la localidad.
Por su parte, el congresista Roberto Chiabra, exministro de Defensa y militar retirado, criticó fuertemente la medida, considerándola una estrategia repetitiva que no aborda el problema. Es así como indicó que el crimen organizado, especialmente el transnacional, requiere un enfoque diferente y que el estado de emergencia no ha logrado disuadir a los criminales ni disminuir los actos delictivos, los cuales persisten tanto en regiones específicas como a nivel nacional.
Chiabra también subrayó la necesidad de distinguir entre seguridad ciudadana y seguridad nacional, explicando que la Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad pública, mientras que el crimen organizado debe ser tratado como una cuestión de seguridad nacional. Además, el congresista cuestionó la efectividad del artículo 137 de la Constitución, que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno durante un estado de emergencia.
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