El 26 de septiembre del 2024, ante los constantes episodios de homicidios y otros crímenes de carácter extorsivo contra transportistas y comerciantes, principalmente en la capital, el gobierno de Dina Boluarte decidió declarar en estado de emergencia por 60 días 14 distritos de Lima y Callao “a fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado”. Sin embargo, cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelan que las muertes por homicidio incrementaron en los últimos meses del año pasado.
Durante este período la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendría el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Además, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el aún ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunciaron una serie de medidas como la ampliación de capacidad del penal Challapalca, en Puno, para el traslado de sentenciados y procesados por extorsión.
Se había conformado un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado. Este equipo estaba integrado inicialmente por más de 100 agentes que trabajan en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI). Agregó que se había puesto a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, para recibir las denuncias.
Al finalizar el período, el titular del Interior se esforzó por argumentar que la medida había sido eficaz y presentó los números de las capturas y bandas desarticuladas por la PNP. El 26 de noviembre el estado de emergencia se amplió por 45 días a través de un decreto supremo firmado por la presidenta Dina Boluarte y sus ministros. Dicho periodo especial culminó a mediados de enero del 2025 y no fue prorrogado más.
En paralelo, el Ejecutivo ha mantenido en estado de emergencia durante los últimos meses del 2024 la provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes, así como en las provincias de Virú, Trujillo y Pataz, en la región La Libertad. La última prórroga por 60 días, firmada también por Dina Boluarte, se dio el pasado 4 de enero. Del mismo modo, el 27 de diciembre pasado se amplió el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa para evitar las protestas con toma de carreteras contra el gobierno.
Homicidios aumentaron en pleno estado de emergencia
Pese a todas estas medidas, las muertes por homicidios aumentaron en el último trimestre del 2024. Así lo mostró el analista de datos, Juan Carbajal, quien publicó en su cuenta de X las cifras del Sinadef que revelan que este tipo de decesos alcanzó su pico de octubre a diciembre, cuando los estados de emergencia en las regiones mencionadas estaban en plena vigencia.
En el último trimestre del 2024 hubo 562 homicidios y un promedio de 6 muertes de este tipo por día. Así, de enero a marzo de 2024 se registraron 464 homicidios a nivel nacional, mientras que en el segundo trimestre este número fue 462. El incremento se produjo en el tercer trimestre, cuando se reportó 552 muertes de este tipo, mientras en el último trimestre hubo 562 homicidios.
En tanto, en lo que va del 2025 se ha reportado al menos 106 muertes por homicidios. En ese período Lima y Callao, La Libertad y Piura en el norte, e Ica en el sur, son las regiones que concentran casi el 70% de registros de homicidios. El 40% de las muertes por homicidio en 2025 ha tenido como lugar la vía pública, el 30% falleció al llegar a un establecimientos de salud, mientras que un 12% fue en domicilios.
El panorama no parece mostrar mejoría. Otro cuadro comparativo, también publicado por Juan Carbajal, indica que el registro de muertes del 1 al 19 de enero desde el 2017 va en aumento. Según el análisis, en dicho período: en 2017 hubo 36 homicidios; en 2018, 37; en 2019, 59; en 2020, 78; en 2021, 69; en 2022, 91; en 2023, 73; en 2024, 98; y en 2025, 106.
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