La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha establecido un nuevo mecanismo de regularización que permitirá a los transportistas formales de estas zonas beneficiarse de una reducción de hasta el 95% de las sanciones administrativas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre los años 2001 y 2019. Según información publicada en el diario oficial El Peruano, la medida fue aprobada bajo la resolución de Presidencia Ejecutiva N° 019-2025-ATU/PE, y está diseñado para aliviar la carga económica de los operadores, promoviendo el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más accesible.
El beneficio extraordinario, vigente por un período de nueve meses desde el día hábil posterior a la publicación de la resolución, no solo implica esta reducción significativa, sino que además contempla la condonación del 100% de los costos y las costas administrativas relacionadas con dichas sanciones. A través de este proceso, los transportistas podrán concluir o archivar procedimientos de ejecución coactiva en curso. Tal como señaló la ATU en su comunicado oficial, “el acogimiento al Beneficio Extraordinario de Regularización de Sanciones genera la conclusión y/o archivo del procedimiento de ejecución coactiva, según sea el caso”, reafirmando su intención de garantizar un transporte público más organizado y eficiente en Lima y Callao.
¿Cómo funcionará la implementación?
La resolución detallada que la Oficina de Administración de la ATU deberá tomar concretas en los 30 días calendario posteriores a su publicación en El Peruano, garantizando la correcta implementación de este beneficio extraordinario. El programa, descrito como un mecanismo dirigido a transportistas que operan formalmente dentro del sistema, tiene como uno de sus objetivos centrales reducir los procesos coactivos futuros. Según el extracto difundido en el diario oficial, “la medida busca ofrecer facilidades que permita a los operadores cumplir con sus pendientes, al tiempo que incentiva la regularización de sanciones en el sector de transporte terrestre”, fortaleciendo el tejido normativo en estas jurisdicciones.
La agencia Andina resaltó el impacto que tendrá esta decisión en el ordenamiento del sistema de transporte local. Por ejemplo, El Comercio enfatizó que “la norma no solo aliviará la carga económica de los transportistas, sino que también contribuirá al fortalecimiento de la formalización”, en un contexto en el que Lima y Callao enfrentan grandes desafíos en términos de infracciones y cumplimiento normativo.
¿Qué sanciones cubren este beneficio?
El alcance de la resolución abarca únicamente aquellas sanciones administrativas que fueron inicialmente impuestas por el SAT y luego transferidas a la jurisdicción de la ATU, específicamente durante el período comprendido entre el año 2001 y el 2019. Este enfoque selectivo responde al objetivo de integrar soluciones viables y realistas para los transportistas formales que, en muchos casos, enfrentan deudas acumuladas por procedimientos que datan de hace más de dos décadas.
Además de lo mencionado, según destaca el diario oficial El Peruano en su publicación, cualquier transportista acogido a este programa podrá beneficiarse además con la condonación completa de los gastos administrativos vinculados a la deuda. En palabras del comunicado oficial proporcionado por la ATU, “De esta manera, la ATU reafirma su compromiso de contar con un sistema de transporte público formal y ordenado para beneficio de los usuarios de Lima y Callao”, subrayando su esfuerzo por mejorar las condiciones del sector.
Un paso hacia la formalización del transporte público
Es importante resaltar la intención final de este beneficio: promover un ordenamiento más sólido para el transporte formal en Lima y Callao. Acorde a una fuente cercana citada por la ATU a medios locales, este tipo de busca no solo reducir cargas durante el corto plazo, sino también incentivar una mayor legalidad y durabilidad de las operaciones en el sector. “Es una medida que reconoce las dificultades pasadas, pero al mismo tiempo abre la puerta hacia un mejor cumplimiento de normas en un sistema formalizado”, señaló un analista consultado Andina.
El beneficio llega en un contexto de esfuerzos sostenidos por parte de la ATU para reconfigurar las dinámicas del transporte en las zonas metropolitanas, vinculando incentivos económicos con una mayor formalidad en el cumplimiento de las regulaciones. La ejecución exitosa dependerá de que los transportistas consideren esta oportunidad y regularicen su situación dentro del plazo otorgado.
Esta resolución se inserta en una estrategia a largo plazo que apunta a mejorar las condiciones del sistema de transporte urbano en Lima y Callao, combinando alivios económicos con incentivos para el cumplimiento normativo.
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