Presidencia condena “ataque terrorista” contra Fiscalía en Trujillo y anuncia el despliegue de militares y policías

El despacho de la presidenta Dina Boluarte condenó este lunes el atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo (La Libertad) y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), que “tomarán el control de la ciudad” como parte de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia.

“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados”, señaló la Presidencia en un comunicado difundido en X, antes Twitter, más de diez horas después del ataque con explosivo.

“Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos”, agregó el cuestionamiento.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, no descartó que el Ejecutivo decrete un toque de queda. “Si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento, esa medida no se va a adoptar”, dijo.

Cuestionan eficacia de las políticas de seguridad

Inmediatamente después, el congresista de la región norteña, Diego Bazán, cuestionó la eficacia de las medidas de seguridad en un video enviado desde la zona. “Le recuerdo a la presidenta que Trujillo ya lleva casi un año en estado de emergencia, y ¿qué ha hecho hasta ahora?”, señaló.

También criticó que recién ahora las fuerzas del orden tomen el control de la ciudad, a pesar de que se había solicitado la intervención desde el inicio. En su opinión, la presencia policial, incluso si implica el envío de refuerzos desde Lima, no resolverá la situación: “Los efectivos no nos van a cuidar 24 horas”, dijo.

Bazán exigió acciones más efectivas como “trabajo de inteligencia”, la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales, y la implementación de medidas en las zonas mineras. Además, destacó la falta de presupuesto para levantar una unidad de geolocalización y un laboratorio criminalístico.

Ataque procedería de minería ilegal

Previamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que el ataque estaría relacionado con la minería ilegal, lo que evidencia la urgencia de restituir la figura de detención preliminar en los casos de detención preliminar en los casos en los que no existe flagrancia, una ley que ha sido observada por el Gobierno.

“Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original esta figura. Si nosotros en este momento, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que admiten que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido, no vamos a poder detenerlos”, expresó en diálogo con RPP.

“La herramienta no existe en este momento en casos de no flagrancia, por eso exijo públicamente, ¿qué más esperamos? ¿Que haya más destrozos, más pérdidas humanas? No queremos llegar a esos extremos”, agregó.

Espinoza indicó que, según las primeras investigaciones, el artefacto explosivo detonado “procedería de la minería ilegal”, lo que confirma que “la criminalidad organizada está operando”. Además, reveló que una fiscal “a cargo de un caso grave de criminalidad organizada” ha recibido amenazas desde días antes.

“Incluso pareciera que esto tiene total vinculación con lo que acaba de ocurrir. Esto no nos sorprende porque el Ministerio Público está trabajando a nivel nacional silenciosamente. (...) Los fiscales están haciendo un buen trabajo y siguiendo las huellas de criminales de alta peligrosidad”, mencionó.

Finalmente, exigió al Legislativo “a trabajar activamente en una eficiente política criminal de seguridad ciudadana y que la PNP cumpla una efectiva labor preventiva, tal como establece la Constitución”.

“Es decir, que el Ministerio del Interior disponga la reactivación de la labor de inteligencia policial para que las actuaciones de los agentes del orden se efectúen antes de que se produzcan los hechos delictivos, y no cuando el daño ya se produjo en perjuicio a la sociedad”, concluyó.