El Papa Francisco anunció la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, lo que lleva a la desaparición de esta organización religiosa, fundada en 1971, que en Perú estaba liderada por Luis Fernando Figari. Sin embargo, a lo largo de los años, se vio envuelto en varias denuncias de abusos sexuales, maltrato, manipulación, irregularidades, entre otras.
Las acusaciones provinieron tanto de exmiembros de la organización como de periodistas y otras personas cercanas a la institución. A inicios de diciembre de 2024, el Papa Francisco recibió a Paola Ugaz, Pedro Salinas y la estadounidense Elise Ann Allen, quienes habían investigado el caso durante un largo período.
En esa ocasión, Ugaz expresó que el cierre del Sodalicio seguía en pie y que el Sumo Pontífice le mostró su apoyo a las investigaciones periodísticas que lograron que los casos sean visibilizados.
Las graves denuncias vinculadas al Sodalicio
Las primeras denuncias públicas contra el Sodalicio comenzaron a ganar atención en el año 2000. En ese momento, José Enrique Escardó Steck, un exmiembro de la organización, publicó una serie de columnas en la revista Gente. En sus escritos, Escardó relató episodios de abusos psicológicos y físicos que habría sufrido.
En agosto de 2011, el periódico Diario 16 difundió testimonios que vinculaban directamente a Luis Fernando Figari con casos de abuso sexual. Figari habría mostrado material pornográfico y realizado solicitudes inapropiadas a menores de edad.
En 2015, más exmiembros revelaron haber sido víctimas de abusos físicos y sexuales por parte de líderes de alto rango dentro del grupo. Los denunciantes, en su mayoría hombres, describieron un entorno de sumisión y obediencia absoluta, en el que las dinámicas de poder facilitaban los abusos. El periodista Pedro Salinas y Paola Ugaz revelaron en su libro Mitad monjes, mitad soldados la participación del fundador de la organización, quien se aprovechó de su poder.
En su investigación, se recogen cinco testimonios de víctimas cuando eran menores de edad, de los cuales tres acusan a Figari. Salinas tuvo conocimiento de que las denuncias fueron presentadas en 2011 ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, pero el proceso de investigación avanzaba lentamente. El caso llegó al Vaticano.
En 2017, se recabaron todos los testimonios de las víctimas para continuar con el proceso. De esta manera, la Santa Sede aprobó las sanciones y la intervención de la organización contra Figari y el Sodalicio.
En una carta dirigida a los miembros de la organización, Figari reconoció haber cometido ciertos errores, pero negó las acusaciones de abuso sexual en su contra.
En 2018, la Santa Sede determinó que Figari debía vivir una vida de retiro fuera de Italia y que no podía seguir participando en actividades públicas, aunque no se le prohibió ejercer como sacerdote. En 2024, se concluyó su expulsión por “los resultados obtenidos y las certezas adquiridas durante el transcurso” de la investigación.
La organización ha enfrentado investigaciones tanto del Vaticano como de la justicia peruana, aunque las respuestas judiciales han sido más lentas.
En una entrevista con Infobae Perú, Salinas calificó como “hipocresía” la actitud de los obispos de la Iglesia Católica peruana.
Por su parte, Ugaz destacó que se debe considerar las reparaciones y agradeció los gestos mostrados por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Asimismo, señaló que la expulsión solo certifica los testimonios de las víctimas frente a la indolencia del Estado peruano, que poco o nada hizo. En tanto, subrayó la labor periodística en este caso.
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